Querétaro tiene condiciones para intentar un modelo integral de justicia. El desafío será sostenerlo más allá del anuncio, resistir inercias internas y demostrar que la legalidad no es solo un discurso, sino una práctica constante.
El anuncio del gobernador Mauricio Kuri González de enviar tres iniciativas de ley al Congreso del Estado en materia de seguridad, combate a la extorsión y acceso a la justicia deja en claro que el tema jurídico se ha colocado como prioridad política y de gobierno en Querétaro. Se trata de intervenir uno de los ámbitos más sensibles para la ciudadanía: la relación entre el Estado y las personas cuando hay conflicto, delito o abuso de poder.
La homologación de la Ley de Seguridad Pública con la legislación general apunta a cerrar brechas normativas que, en la práctica, generan vacíos operativos y discrecionalidad. En un contexto nacional donde la coordinación entre órdenes de gobierno suele ser deficiente, se busca emparejar marcos legales es una condición básica para que la política de seguridad funcione. No garantiza resultados por sí sola, pero elimina pretextos institucionales.
La iniciativa enfocada en combatir la extorsión responde a una realidad que ha crecido silenciosamente y que afecta tanto a ciudadanos como a pequeños y medianos empresarios. Atender este delito desde un marco alineado al nacional permite fortalecer la persecución penal y mejorar la cooperación entre fiscalías y corporaciones. El reto no será legislativo, sino de ejecución: inteligencia, denuncias protegidas, investigación financiera y resultados visibles.
La tercera propuesta, una reforma constitucional orientada al acceso a la justicia, es la más ambiciosa y la que tendrá mayor escrutinio. Hablar de un Modelo Queretano de Justicia implica revisar cómo se eligen jueces y magistrados, cómo se resuelven los conflictos cotidianos y qué tan rápido y eficazmente se repara el daño. Aquí el discurso es correcto, pero el margen de error es mínimo. Cualquier percepción de simulación o de control político del Poder Judicial anularía el objetivo.
El énfasis en mediación, arbitraje y justicia cívica municipal es acertado. Gran parte de los conflictos sociales no deberían escalar a procesos largos y costosos. Profesionalizar estos mecanismos puede despresurizar tribunales y mejorar la convivencia social. Sin embargo, eso exige recursos, capacitación constante y supervisión real, no solo reformas en papel.
Que el gobernador subraye que la justicia impacta la vida cotidiana es relevante, porque el descrédito institucional suele nacer en la experiencia directa de la gente: trámites lentos, resoluciones tardías, impunidad o trato desigual. Si estas iniciativas se traducen en procesos más claros, jueces mejor preparados y resoluciones más rápidas, el beneficio será tangible.
Se endurecen las medidas para las personas que manejen vehículos de motor en estado de ebriedad, son varios meses que se lleva insistiendo en el tema y ahora con la aprobación del homicidio vial, la presidencia municipal de Querétaro también endurecerá medidas en los alcoholímetros.
