La reciente reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena y sus aliados, no es un ajuste técnico. Es una jugada política de alto calado. Su objetivo real es muy claro: limitar la capacidad de los ciudadanos, colectivos, jueces y abogados para frenar, cuestionar o suspender los actos y leyes impulsados desde el poder.

Desde Palacio Nacional “y ahora desde el equipo de transición” el amparo ha sido presentado como un obstáculo. “Un recurso de los privilegiados”, “un freno a la transformación”. Pero en los hechos, el amparo ha sido durante décadas la herramienta con la que comunidades indígenas han detenido megaproyectos destructivos, con la que periodistas han protegido su libertad de expresión, con la que ambientalistas, enfermos, estudiantes o pequeños empresarios han logrado ponerle un alto a los excesos del poder.

La reforma aprobada en el Senado limita de forma directa la suspensión de actos reclamados, prohíbe que un juez conceda efectos generales (aunque el acto afecte a miles), y exige que quien promueve el juicio demuestre un daño “real, actual y diferenciado”. En pocas palabras: si no eres tú directamente la víctima, aunque el daño sea evidente y colectivo, no puedes defenderte.

Y eso no es una coincidencia. Es un diseño legal hecho a la medida del proyecto político de la 4T: un modelo en el que el Estado manda y el ciudadano obedece; donde las decisiones del Ejecutivo deben aplicarse sin freno judicial, sin contrapeso legislativo y sin oposición social.

¿Te molesta una reforma energética regresiva? No puedes ampararte, porque no eres la CFE ni un generador de energía. ¿Te afecta un decreto que entrega recursos naturales a la Sedena? No puedes suspenderlo, porque no hay afectación directa.
¿Una comunidad indígena busca frenar una obra pública impuesta? Que lo pruebe, con daño específico, o se desecha el caso.

Lo preocupante es que ahora, con mayoría calificada en el Congreso y con Claudia Sheinbaum como presidenta electa, la 4T tiene vía libre para convertir esa visión en ley. Aunque ella ha sugerido revisar algunos aspectos técnicos de la reforma, el fondo sigue intacto: reducir la capacidad del ciudadano para decirle “no” al poder.