Dr. Alfonso Partida Caballero
La corrupción no es un destino inevitable. Es una decisión colectiva permitirla o enfrentarla. Y en esa decisión se juega, en buena medida, el futuro y la eficacia del Estado y de la democracia.
Profesor investigador del CUCSH*
alfonso.partida@academicos.udg.mx
La corrupción no siempre deja cadáveres ni escenas del crimen visibles, pero sus efectos son tan letales como cualquier delito violento. Es un fenómeno silencioso que se infiltra en las estructuras del poder, debilita las instituciones, normaliza la ilegalidad y rompe el pacto básico entre el Estado y la ciudadanía. Allí donde la corrupción se arraiga, la ley pierde autoridad moral y la justicia se convierte en un privilegio, no en un derecho. Esto se agrava con la protección de la clase gobernante, legisladores, partidos políticos y es potenciado por algunos periodistas y medios de comunicación.
En términos estructurales, la corrupción no es únicamente la conducta individual de un funcionario deshonesto, sino un sistema de redes y relaciones ilícitas que opera mediante la aplicación manipulada de leyes y reglamentos, peticiones, favores, lealtades indebidas, complicidades, intercambios ocultos y decisiones públicas tomadas al margen del interés general para obtener grandes ganancias y privilegios ilegales. Por ello, combatirla exige mucho más que discursos o detenciones mediáticas: requiere comprenderla como un problema político, estructural, jurídico y cultural.
En Jalisco, la corrupción ha acompañado históricamente al ejercicio del poder, pero sobre todo obedece actualmente a un descarado reparto político. Durante décadas ha sido tolerada —e incluso justificada— bajo la lógica del “mal necesario” para gobernar. Sin embargo, estas acciones englobadas en este escenario han tenido un alto costo: han debilitado el Estado de derecho, alimentado la impunidad y generado una profunda desconfianza social hacia las autoridades. Cuando el ciudadano percibe que la ley no se aplica de manera imparcial, la aplicación de la norma se erosiona y la convivencia democrática se fractura.
Desde la perspectiva del combate y la persecución, la corrupción presenta un desafío particular, ya que suele cometerse sin violencia directa, con altos niveles de sofisticación y con la participación —o protección— de quienes deberían prevenirla y sancionarla. Esto explica por qué muchos de los delitos de corrupción permanecen impunes o son investigados de manera selectiva. El problema no es solo la falta de leyes, sino la debilidad institucional para aplicarlas sin distinciones ni cálculos políticos.
La creación de la fiscalía especializada y del sistema anticorrupción debería representar un avance formal; sin embargo, ha funcionado a la inversa, ya que ha carecido de eficacia, de nombramientos adecuados, de profesionalización de los operadores jurídicos y de controles efectivos sobre el poder. Presenta una alta manipulación política, con nombramientos basados en el reparto entre los mismos actores.
Para atacar este flagelo se debe actuar con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, con consecuencias reales para quien la comete. Ello implica reconstruir una ética pública basada en la legalidad, la responsabilidad y la dignidad del servicio público.
