Condiciones.
Desproporción.
Negocio.
Costo.
La política mexicana tiene estas paradojas que lejos de sorprender terminan confirmando viejas prácticas, un partido minoritario que, sin una base electoral sólida, logra incidir de manera desproporcionada en decisiones de alto calado; y es que hoy, el Partido del Trabajo (PT) vuelve a colocarse en esa posición al fijar condiciones sobre el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral impulsada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y aunque se trata de modificaciones a leyes secundarias, este instituto político ha dejado en claro que su respaldo no es automático; y justo ahí está el fondo del asunto, no es solo una reforma, es el poder de negociación que, una vez más, Alberto Anaya y su partido buscan capitalizar, como ya se ha hecho costumbre en sus 32 años que tiene como dirigente nacional de este instituto político.
Uno de los puntos más evidentes donde el PT ha marcado distancia es el relacionado con la revocación de mandato, particularmente en lo que tiene que ver con su eventual realización concurrente con procesos electorales federales; el argumento del partido es que esto podría generar inequidad en la competencia, pero en el fondo lo que se observa es una intención de influir en el diseño de las reglas del juego; además, a ello se suman reservas sobre ajustes al sistema de representación proporcional, algo que desde luego no les conviene, y la forma en que se reorganizaría la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). No son temas menores, pero tampoco son suficientes para romper la alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), más bien son “fichas” de negociación que los aurigrana ponen sobre la mesa para elevar un peso político irreal, pues en las urnas no demuestran esa fuerza..
El problema de fondo no es que existan diferencias, eso es normal en cualquier partido o coalición, sino la desproporción entre la fuerza electoral del PT y los beneficios que ha obtenido; por ejemplo, en las elecciones presidenciales recientes, su aportación en votos ha sido marginal frente a la maquinaria de Morena, pero su capacidad de presión interna es bastante elevada. Con apenas un porcentaje reducido de representación, logra incidir en decisiones legislativas clave, acceder a posiciones estratégicas y, ahora, condicionar una reforma impulsada desde el Ejecutivo; pero esta lógica rompe con el principio básico de representatividad democrática, quien más votos tiene debería tener mayor margen de decisión, y no al revés, máxime cuando se necesita la mayoría calificada para “aterrizar” reformas Constitucionales, y desde luego, aprovechar esa coyuntura..
No es la primera vez que el PT actúa bajo esta lógica, pues a lo largo de décadas, Alberto Anaya ha convertido a su partido en una estructura altamente rentable políticamente, sin necesidad de competir con fuerza propia ha sabido colocarse siempre del lado ganador, primero con el PRD, y después con Morena, en lo local incluso se aliaron con Acción Nacional. En cada etapa, el resultado ha sido el mismo, espacios, prerrogativas, posiciones legislativas y capacidad de influencia; de hecho el “Plan B” se convierte en una nueva “oportunidad” para negociar, no se trata de una discusión ideológica profunda, sino de un cálculo político donde cada voto en el Congreso se traduce en poder de cambio, y ese poder se cobra.
El riesgo de esta dinámica es evidente, porque cada concesión que se haga para mantener la alianza implica un costo político y, eventualmente, institucional; si las reformas terminan ajustándose más a las exigencias de un aliado que a un proyecto de país, el resultado será una legislación debilitada. El PT ha demostrado, una vez más, que sabe jugar sus “cartas” y hacerlo con eficacia; la pregunta es si el Gobierno Federal está dispuesto a seguir pagando ese precio, porque en política, como en los negocios, todo acuerdo tiene un costo, y el del PT, históricamente, siempre ha sido más alto de lo que reciben en confianza ciudadana en las urnas.
