Molestia.
Distancia.
Cálculo.
Consecuencias.
Desde el punto de vista que se quiera analizar, el hecho de que la propuesta de Reforma Constitucional, en materia Electoral, presentada por Claudia Sheinbaum, fue un revés de dimensiones extraordinarias para investidura presidencial, pues al no alcanzar la mayoría calificada, derivado del voto en contra del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), genera muchas lecturas donde, posiblemente, ya estaban consideradas desde Palacio Nacional, de ahí que la titular del Ejecutivo ya planteara que el próximo lunes estará enviando al Congreso de la Unión el llamado “plan B”, que consiste en modificaciones a leyes secundarias, donde solo requerirá la mayoría simple, tal cual ocurrió con la electoral, por lo que la otra “ruta” podría estar más “planchada” para esos cambios electorales que aspira esta administración federal.
Más allá del discurso institucional que suele acompañar este tipo de episodios, es evidente que en el ánimo político de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, quedó un dejo de molestia, pues no es común que una iniciativa considerada “prioritaria” para el proyecto político que encabeza, termine siendo frenada por quienes, en teoría, forman parte de la misma alianza legislativa; el PT y el PVEM no solo se desmarcaron del planteamiento, sino que lo hicieron en un momento clave, dejando a Morena sin los votos necesarios para construir la mayoría calificada. Ese gesto, que en política pocas veces es casual, termina enviando un mensaje de distancia que, por más que se intente matizar públicamente, tiene implicaciones profundas en la dinámica interna de la coalición gobernante.
Lo ocurrido también deja ver que la relación entre Morena y sus aliados no atraviesa su momento más sólido, ya que los instituto políticos que son “rémoras” de Morena han demostrado en distintas ocasiones que su respaldo no es automático, sino condicionado a los acuerdos políticos que se construyan en cada coyuntura, y desde luego, donde salgan beneficiados; en este caso, la Reforma Electoral parecía ser una “bandera” central para la narrativa del oficialismo, pero aun así los partidos aliados decidieron marcar un alto. En términos políticos, eso equivale a decirle al Gobierno Federal que la alianza no es incondicional, y que los márgenes de negociación seguirán siendo parte del “juego”, incluso cuando se trate de iniciativas impulsadas directamente desde Palacio Nacional.
También cabe la posibilidad de que detrás de este episodio exista un cálculo político más amplio rumbo a las próximas elecciones; porque el PT y el PVEM saben que su fuerza electoral depende, en buena medida, de la alianza con Morena, pero también buscan mantener espacios de autonomía que les permitan negociar posiciones, candidaturas y acuerdos futuros, vamos, privilegios, y en ese contexto, votar en contra de la Reforma Electoral puede interpretarse como una señal de fuerza, una manera de recordar que sus votos cuentan y que cualquier proyecto político que pretenda consolidarse necesitará seguir tomando en cuenta sus intereses, es una clara amenaza que sus sufragios en el Legislativo sí tienen peso, y no tendrían porqué menospreciarlos; en otras palabras, la política de alianzas no se construye únicamente con discursos de unidad, sino con equilibrios de poder que se ajustan constantemente.
De cara a los procesos electorales que vienen en los próximos años, este episodio abre interrogantes importantes sobre la solidez de la coalición entre Morena, el PT y el PVEM, aunque lo más probable es que, llegado el momento de las candidaturas, vuelvan a sentarse a la misma mesa para competir juntos; lo ocurrido en San Lázaro deja claro que la relación está lejos de ser en un solo sentido y autoritaria; cuando los aliados deciden darle la espalda a una iniciativa presidencial, el mensaje político es inevitable, la disciplina interna tiene límites, a pesar de las consecuencias que vengan detrás de sus votos en contra.
