Los habitantes denuncian desabasto de agua pese a la explotación de pozos en la región por parte de las dependencias, sin embargo, tras un bloqueo acordaron una mesa de diálogo
La ley municipal establece que la altura de edificaciones depende de planes urbanos y del ancho de la calle, además de requerir licencia de construcción
¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.
Desde finales del año pasado, el Gobierno Federal anunció que en el primer semestre de 2026 ya se contaría con una reforma en materia político – electoral, es decir, una más de las varias que se han formulado en las dos últimas décadas y que parece no han logrado ni obtener un consenso generalizado, no dar resultados favorables y, sobre todo, no han permitido que todas las voces se escuchen propiciando que sea el grupo mayoritario en turno el que plasme todas su inquietudes en dichas reformas. La realidad es que una reforma de ese tipo, bajo los indicadores que se ha formulado debe ser una preocupación generalizada en aras de proteger un sistema democrático que, si bien sigue con muchas deficiencias, ha permitido transitar periodos en claro fomento al imperfecto sistema político que se ha ostentado como la alternativa más viable desde hace siglos.
En un capítulo más de la reforma, a inicios de la semana el Instituto Nacional Electoral a través de su Consejera Presidenta y otros ocho consejeros más, acudieron ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez, a fin de presentar una propuesta alterna de reforma que puntualiza aspectos que estiman que en la operatividad son necesarios para mejorar el sistema.
Es fundamental que en este importante cambio se encuentre el sello de la Presidenta de la República que se ha caracterizado por su imparcialidad y respeto a la materia electoral, a diferencia de su antecesor que se posicionaba en un rubro cada vez que podía, lo que propició que muchos de los aspectos propuestos por la administración anterior buscaran prácticamente desaparecer al INE o, sobre todo, su autonomía y regresarla al Poder Ejecutivo a pesar de los aprendizajes vividos en la historia de nuestro país cuando aquello ocurría de esa manera.
Una de las propuestas del INE es no desaparecer a los plurinominales como se plantea en la reforma oficial, sino que se modificaran los artículos que establecen el procedimiento de asignación de la representación proporcional a fin de que todos los partidos tengan voces en el Congreso, lo que empata además con modificar las limitaciones a la sobrerrepresentación para hacerla efectiva y no permitir que un solo partido tenga más curules de los necesarios dinamitando el debate y el diálogo.
Desde luego, dentro del ideario del Instituto está el permitir más herramientas de fiscalización efectivas, ya que fortalece la cooperación con otras dependencias públicas a fin de seguir el camino del dinero de las candidaturas de forma efectiva evitando que haya dinero mal habido o que se violen las reglas de igualdad en el proceso, para lo cual no sería necesario reducir el financiamiento a partidos políticos, pero sí tenerlos más vigilados en el ejercicio del gasto.
A pesar de que las propuestas matizan la reforma y abonan a cómo funciona nuestro sistema electoral, la Comisión agradeció el gesto, pero les restó importancia a las propuestas señalando que no buscan un consenso porque la idea es hacer cosas nuevas señalando, incluso, que al interior de la Comisión no hay una postura unánime y al final se hará lo que se estime conveniente para que la propuesta original se apruebe en sus términos.
La realidad es que una parte el desconocimiento político y jurídico de la materia y una idea preconcebida de lo que debe ser desde una perspectiva de ejercicio de gobierno puede fracturas seriamente el entramado electoral, ciudadano y democrático que a este país le costó décadas construir y que puede generar desconfianza del pueblo a la hora de elegir a sus representantes. Ojalá que al final haya diálogo y sensatez para tener una reforma útil y necesaria.