Se aproxima el cinco de febrero y consideramos importante reflexionar sobre la importancia de nuestra Constitución Política. Brevemente diremos que la idea de una norma suprema no surgió por azar, sino como una respuesta civilizada al absolutismo.
Históricamente, se comprendió que el poder sin límites tiende intrínsecamente al abuso. Para transitar de la voluntad caprichosa de un soberano al Estado de Derecho, fue necesario establecer un límite claro al poder de la clase gobernante: la civilización se decantó por un pacto social que fuera superior a cualquier agente del Estado y que dotara de certidumbre y seguridad jurídica a los gobernados.
En México, esa norma existe y es nuestra Constitución Política. A través del principio de supremacía constitucional (Artículo 133), se establece que ninguna ley o acto de autoridad puede estar por encima de esta. Así, la Constitución es el límite al poder.
Este diseño no solo somete a los agentes del Estado a actuar estrictamente dentro de sus competencias, sino que erige un sistema de protección, blindado por el parámetro de regularidad constitucional, que salvaguarda los derechos humanos frente a las arbitrariedades del poder.
Es la norma de normas; el estatuto jurídico que define la identidad de una nación y organiza su estructura política. Idealmente, debe contener: Una parte dogmática (derechos humanos y sus garantías) y; una parte orgánica (la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones) y, a la vez, debe evitar: El exceso de “reglamentarismo”. Idealmente, una Constitución debe ser un marco de principios, no un catálogo de detalles técnicos que deberían pertenecer a las leyes secundarias. La “inflación constitucional” suele restarle solemnidad y eficacia. El uso perverso y fraudulento de la Constitución, aprovechando su supremacía para: reducir derechos, perpetuar políticas públicas oficialistas orientadas a mantenerse en el poder manipulando el voto en favor del grupo gobernante, es inadmisible.
Como toda construcción del intelecto humano, la Constitución no es infalible ni ajena a ideologías o doctrinas contrarias a las libertades que por derecho nos corresponden. Sus beneficios son: Proporciona estabilidad política y un lenguaje común para resolver conflictos de forma pacífica. Defectos estructurales: El principal riesgo es el “aspiracionalismo”; es decir, redactar derechos hermosos en el papel que no tienen fundamento en la realidad social. Por otro lado, la rigidez excesiva puede hacerla obsoleta, mientras que su reforma constante por intereses coyunturales puede erosionar su legitimidad y coherencia interna. Es innegable que el México de hoy no guarda simetría con el de 1917. Pilares de la narrativa revolucionaria, como el “sufragio efectivo, no reelección” o el agrarismo de “la tierra es de quien la trabaja”, han sido ya transformados por la praxis política y económca.
Como se ha delineado en entregas previas, tanto el Poder Constituyente Originario como el Poder Constituyente Permanente deben encarar su mandato con una seriedad institucional absoluta. El vertiginoso número de reformas que ha sufrido nuestra Carta Magna desde aquel febrero de 1917, algunas de estas importantes pero contrarias al principio de progresividad, nos sitúa frente a una encrucijada ontológica: ¿es viable continuar “remendando” el texto actual, o es momento de convocar a un gran diálogo nacional para dar vida a una nueva Constitución que refleje la realidad del siglo XXI?
