¿Evolución o ruptura del pacto constitucional?
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Ciudad de Mexico, 9 de marzo de 2026
Febrero, mes de nuestra Ley Fundamental, nos encuentra en una coyuntura de definiciones profundas. El paquete de reformas propuesto para este 2026 no es un ejercicio legislativo ordinario; representa una reconfiguración de gran calado del andamiaje institucional y social del Estado mexicano.
La agenda actual transita por dos vías de tensión dialéctica. Por un lado, una necesaria expansión de los derechos sociales —la reducción de la jornada laboral que ya fue lograda pero su vigencia se pospuso hasta el año 2030, ¿por qué? bueno pues porque evidentemente debido a que atravesamos una crisis de carácter económico que impide su aplicación inmediata, en otras palabras, aplican la famosa frase “el de atrás paga”, además, la protección animal y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos— que busca sintonizar nuestra Carta Magna con las exigencias del siglo XXI.
No sabemos cómo estos ejes nos pondrán a la par de las civilizaciones más avanzadas de este siglo cuando a todas luces la división de poderes ha sido desdibujada en los hechos. Por otro, reformas en materia electoral, energética y judicial que, bajo las banderas de una soberanía rebasada y la aparente austeridad republicana, también ponen a prueba los principios de autonomía técnica y seguridad jurídica que exigen nuestros compromisos internacionales.
El desafío para el constitucionalismo contemporáneo radica en la armonización de estos cambios con los pilares de la República: Justicia y Seguridad: La búsqueda de eficiencia y el combate a la impunidad no pueden darse a costa de la independencia judicial ni del debido proceso, garantías mínimas de protección frente al poder. Equilibrio de Poderes: Mientras el oficialismo impulsa una agenda de consolidación estatal, la oposición advierte sobre el riesgo de erosionar los contrapesos que sostienen el Estado Constitucional de Derecho. Soberanía vs. Globalidad: El fortalecimiento del control estatal sobre recursos estratégicos debe conciliarse con la certidumbre necesaria para el desarrollo económico y la paz social.
Es una realidad política que, dada la actual configuración de fuerzas, estas reformas tienden a cristalizarse. Sin embargo, la eficacia de una Constitución no se mide por la cantidad de reformas que se le imprimen, sino por su capacidad para preservar la dignidad humana.
Como estudiosos del Derecho, debemos cuestionar: ¿Este activismo legislativo fortalece realmente el federalismo, la división de poderes y la representatividad? ¿O estamos ante una arquitectura que privilegia la voluntad política sobre la técnica constitucional?
Hemos vivido los extremos del modelo estatal y ninguno ha terminado bien. Pasamos del Estado que lo controla todo en nombre del pueblo, al que entrega lo público a la voracidad de los intereses privados. Son los extremos de un péndulo: socialismo y neoliberalismo, ambos adaptados a nuestra realidad con resultados fallidos. En ambos casos, la corrupción manda.
Es evidente que algunas de las reformas constitucionales no son progresivas o, tan solo lo son en apariencia, por ejemplo: la elección judicial fue un fracaso total, hay que admitirlo para corregir el rumbo. Toda reforma debe aspirar, ante todo, al progreso y la paz social. Una Constitución que no ponga límites al poder ni proteja los derechos humanos pierde su esencia democrática. De otra manera, el costo de la erosión institucional que vivimos es algo que no podemos permitirnos pagar.
