Este acto conmemorativo es una expresión del federalismo. En él, las ideologías políticas deberían pasar a segundo plano para rendir honores a la Norma Suprema. Es el texto que todo funcionario, desde el más modesto hasta
El pasado jueves, el Teatro de la República en Querétaro fue el escenario de una ceremonia que va más allá del protocolo. Ahí, la titular del Ejecutivo, los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, y las autoridades estatales, se reunieron para conmemorar el 109º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para entenderlo de forma sencilla: la Constitución es la regla madre. Ninguna ley, por importante que parezca, puede estar por encima de ella ni contradecirla. Esto sirve para dos cosas vitales: Poner límites al poder: Evita que las leyes se excedan o se queden cortas. Protección total: Asegura que ningún gobierno viole nuestros derechos humanos.
Nuestra Constitución no sólo organiza el gobierno, también protege nuestra dignidad a través de dos grandes grupos de derechos: los derechos humanos (DH): Aquellos que nos protegen como personas frente a cualquier abuso. Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC): Son los que garantizan la acceso a la igualdad social, como el derecho al trabajo, la seguridad social, a un medio ambiente sano y el acceso a la cultura, entre otros. Si los primeros cuidan nuestra libertad personal, estos últimos buscan el bienestar colectivo.
Desde su proclamación en 1917 a la fecha, nuestra Ley Fundamental ha sido reformada en 278 ocasiones. Esta cifra nos obliga a retomar una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Es acertado seguir “remendando” su texto o conviene proclamar una nueva?
Muchos de los ideales revolucionarios originales se han diluido. Consignas como el “Sufragio efectivo, no reelección” o el principio de que “La tierra es de quien la trabaja” han sido matizados o incluso eliminados. Lo mismo ha pasado con el fuero, que nació para proteger la libertad de expresión de los políticos ante gobernantes arbitrarios y terminó siendo, en muchos casos, un escudo para la impunidad. Veremos cómo viene la reforma electoral que propondrá el Ejecutivo federal.
México se encuentra ante un dilema estructural: ¿podemos seguir habitando una casa cuyos cimientos son sólidos pero cuyas paredes han sido movidas y parchadas 278 veces, o es momento de levantar una estructura diseñada para los vientos del siglo XXI?
Sin embargo, debemos ser cautos frente a esa falsa creencia de que cambiar el texto cambiará automáticamente la realidad. Ninguna ley tiene el poder de erradicar la injusticia si no va acompañada de una verdadera cultura de la legalidad. El riesgo es que, en la prisa por mejorar, extraviemos las libertades que tanto nos costaron conquistar en más de cien años.
Sin duda, el reto para el México contemporáneo es conocer y hacer nuestra la Carta Magna para vivirla y gozarla. Su espíritu no reside en el papel que se guarda en una vitrina, sino en la voluntad de gobernantes y gobernados de someterse a la Norma de normas. Mientras se gesta un gran diálogo nacional para emitir otra más vanguardista nuestra tarea sigue siendo vigilar que el poder público se someta al texto constitucional para que deje de ser un discurso de aniversario y se traduzca en una práctica cotidiana con orden, paz y fraternidad.
