entender y regular la gentrificación...
Porque los barrios no se heredan solo con escrituras. Se heredan con comunidad, con historia, con arraigo. Y eso también merece defenderse.
En muchas ciudades de México, algo cambia sin que nadie lo anuncie: una fonda cierra, la panadería de siempre es reemplazada por un café con nombre en inglés, los vecinos que llevaban décadas ya no están. No es casualidad. Es un proceso silencioso, pero poderoso, que está transformando el rostro social de nuestras ciudades. Se llama gentrificación.
El término fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en 1964, al observar cómo los barrios obreros de Londres comenzaban a ser ocupados por clases medias que, sin violencia ni despojo explícito, desplazaban a sus habitantes originales al encarecer las rentas y modificar el tejido social. Hoy ese fenómeno se ha globalizado, y en México lo vivimos con intensidad.
En la Ciudad de México, colonias como Roma, Condesa, Juárez o Santa María la Ribera han experimentado un incremento acumulado de más del 60 % en los precios de renta en la última década (PNAS, 2024). El auge de plataformas como Airbnb ha profundizado esta tendencia: en la Condesa, por ejemplo, el 8 % de la vivienda ya está destinada exclusivamente a renta temporal (ResearchGate, 2023). Y este patrón se repite en ciudades como Oaxaca, San Miguel de Allende, Guadalajara o Tulum, donde el turismo, la inversión extranjera y la desregulación han acelerado el desplazamiento de poblaciones locales.
Pero la gentrificación no es solo consecuencia del mercado. Muchas veces, decisiones del propio Estado —como la construcción de un parque, la renovación de un centro histórico o la promoción de eventos masivos— pueden detonar procesos similares. Basta recordar el caso de Río de Janeiro, donde los preparativos para el Mundial de Futbol y los Juegos Olímpicos entre 2014 y 2016 derivaron en el desplazamiento de más de 77,000 personas de comunidades periféricas (Wiley, 2017). En San Francisco, el auge de la industria tecnológica elevó el precio promedio de la vivienda en más de 200 % entre 2000 y 2020, provocando la salida de miles de familias afroamericanas y latinas. Y en Barcelona, la turistificación de barrios tradicionales como el Raval o el Barrio Gótico obligó al Ayuntamiento a establecer una reserva del 30 % de vivienda asequible en nuevos desarrollos (Ajuntament de Barcelona, 2018).
Estos ejemplos muestran que la gentrificación no es inevitable, pero sí predecible. Y lo más importante: se puede regular. Para ello se requiere de una política pública clara, diferenciada por niveles de gobierno, que combine planeación urbana, regulación del suelo, protección social y participación ciudadana.
Desde el ámbito local, municipios y alcaldías deben tomar medidas inmediatas. Es viable modificar los programas de desarrollo urbano para establecer zonas de contención frente a la especulación, obligando a que todo nuevo desarrollo inmobiliario destine al menos el 20 % de sus unidades a vivienda asequible. También es urgente regular el uso de plataformas como Airbnb mediante registros obligatorios, límites de operación por colonia y sanciones por evasión fiscal o uso indebido. Además, se deben crear procuradurías de defensa del inquilino para atender casos de desalojo por remodelación, conocidos como renovictions, y asegurar reubicación o retorno con condiciones similares.
En el nivel estatal, los congresos locales pueden reformar los Códigos Civiles para fortalecer los derechos de los arrendatarios, limitar incrementos desproporcionados y fomentar contratos con mayor estabilidad. Los institutos estatales de vivienda y suelo pueden adquirir predios en zonas estratégicas para reservarlos a vivienda social, evitando su especulación. También pueden implementar sistemas de monitoreo urbano que combinen datos sobre precios de renta, densidad habitacional y cambios de uso de suelo, permitiendo identificar zonas en riesgo de desplazamiento.
A nivel federal, el Estado puede establecer un marco normativo general que reconozca la gentrificación como fenómeno urbano con implicaciones sociales. Puede impulsar la creación de fideicomisos de suelo que permitan separar el valor del suelo del valor de la vivienda, garantizando así permanencia habitacional en zonas céntricas. También puede promover la cooperación técnica y financiera entre municipios y estados para implementar medidas de contención y protección. Y debe dar seguimiento a cómo grandes proyectos públicos, como los asociados al Mundial 2026, pueden afectar el entorno urbano si no se regulan sus efectos inmobiliarios.
Pero más allá del aparato institucional, está la ciudadanía. Frente a la gentrificación, no se trata solo de resistir, sino de organizarse. Desde el ámbito local, los vecinos pueden participar en consultas sobre planeación urbana, exigir transparencia en los permisos de construcción, vigilar el uso del suelo y documentar abusos. Pueden formar comités de defensa del barrio, exigir cuotas de vivienda social, proteger el comercio local y oponerse a proyectos que eleven la plusvalía sin redistribuir sus beneficios. La experiencia de barrios organizados en Valparaíso, Lisboa, Nueva York o Medellín demuestra que la movilización puede cambiar el curso de las decisiones urbanas.
La gentrificación no es una consecuencia natural del desarrollo. Es el resultado de una ausencia de reglas y de una mirada limitada del urbanismo, que prioriza la inversión por encima de la vida cotidiana. Por eso es indispensable actuar hoy: para que nuestras ciudades sigan siendo diversas, habitables y justas.
Lo que está en juego no es solo una casa o una renta. Es la posibilidad de permanecer. De seguir viviendo donde creciste, donde trabajas, donde conoces a tus vecinos. No se trata de detener el cambio, sino de gobernarlo con equidad. Y para lograrlo, hace falta una ciudadanía que levante la voz, y un Estado que escuche y actúe.
