Como se anticipó desde el Ejecutivo Federal que se haría si no era aprobada su iniciativa original de reforma electoral, ya hay un “Plan B”. Más que una versión retocada para salvar lo sustantivo del proyecto rechazado en el Congreso por no contar con los votos de los partidos aliados –Verde y PT–, estamos ante uno distinto. Con el foco en temas que no figuraban. ¿Por qué?

Es una reforma mucho menos ambiciosa; sin el potencial disruptivo y corrosivo para la democracia del “Plan A”. No toca al sistema de representación legislativa ni incluye medidas para desarticular al INE. Sin embargo, no es inocua, en el contexto de reconcentración del poder político y deterioro del Estado democrático de derecho de los últimos años en México.

Pareciera que los objetivos son, básicamente, cumplir con un compromiso de campaña, generar ahorros a costa del federalismo –sin tocar los inmensos hoyos de despilfarro y pérdidas en el centro– y dar más ventajas a un oficialismo que, de por sí, pudiera ya tener el control de los tres poderes de la Unión.

Efectivamente, es una reforma menor comparada con la que, afortunadamente, fue bloqueada. No obstante, también va en la línea de una nueva hegemonía partidista, tendiendo a más inequidad, sobre todo, al permitir que la consulta de revocación de mandato presidencial se haga junto con las elecciones federales intermedias.

Según la narrativa oficialista, se persigue que haya “menos privilegios y más participación”. Se presumen ahorros canalizables a infraestructura local, aunque son minúsculos en relación con, por ejemplo, el “rescate” permanente de Pemex o el Tren Maya.

Como con la iniciativa original, tampoco se tomó en cuenta a la oposición, como debería hacerse para toda norma electoral. En cambio, ahora sí tendría el aval del PT y el Verde. No debería haber problemas para que se concrete esta reforma de la que destaco dos cambios cuestionables.

El que se haría a la revocación de mandato es el que ha despertado más críticas, como es lógico, pues no se le ve otro fin más relevante que favorecer al oficialismo en 2027. Se plantea que se podrá solicitar la consulta durante los tres meses posteriores al segundo o al tercer año de gobierno, ya no solo en el tercero.

Es decir, la siguiente podría ser el primer domingo de junio de 2027, junto con las intermedias, en un proceso complejísimo de “carro completo”: se añade a las elecciones de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, los congresos locales, un millar de ayuntamientos y los cargos del Poder Judicial –federal y local– pendientes tras los comicios de 2025.

Se proponen restricciones para evitar el uso de recursos públicos en la recolección de firmas para la consulta y la promoción, así como suspender la difusión de propaganda gubernamental en los 60 días previos al referéndum. Sin embargo, en el entorno político actual, y con instituciones electorales con su independencia comprometida, parece complicado contener las irregularidades.

En el sexenio pasado también se quiso empatar la consulta con las elecciones intermedias de 2021. El mismo titular del Ejecutivo Federal la impulsó como una suerte de ratificación, no la oposición ni ciudadanos reclamando de su salida. Al final, solo participó el 17% de los electores.

Los municipios ahora tendrían de tres a máximo 15 regidurías, cuando hoy hay algunos con hasta 28, en correlación con el tamaño de ciudades como Monterrey. Recordemos la importancia de la figura del regidor, representante ciudadano –elegido popularmente– para integrar el ayuntamiento o cabildo junto al presidente municipal, como un legislador local con funciones de vigilancia de la administración pública y para proponer soluciones.

Además, solo podrán tener una sindicatura, cuando hoy, algunos cuentan con hasta tres, también en consideración a sus dimensiones. Se trata de órganos encabezados por síndicos elegidos por voto popular para representar y defender los intereses jurídicos y patrimoniales del municipio.

Finalmente, se plantea que el presupuesto de los congresos locales no excederá el 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad. Hoy, no existe tope: cada cual lo decide, como debe ser, siendo la representación de un Estado soberano.

Otros cambios tienen que ver con los tiempos del cómputo de votos; fiscalización de recursos en las campañas; recorte de 15% del presupuesto del Senado; y reducción salarial y de prestaciones en el INE, organismos y tribunales electorales locales, así como en los partidos.

¿Cumplir promesas de una democracia menos onerosa, pero viendo la paja en el ojo de estados y municipios sin tocar la viga en el del centro? Como opina María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción, se ofrece ahorrar cuatro mil millones de pesos, siguiendo con “el uso del discurso de la austeridad para la demolición”, cuando una sola empresa de huachicol fiscal es presuntamente responsable de pérdidas de 29 mil millones.