Veintiséis años después, la realidad es menos luminosa. La CPI ha tenido avances, sí. Pero también ha sido objeto de presiones políticas, bloqueos sistemáticos y una especie de doble moral internacional que deja claro que no todos los crímenes se juzgan con el mismo rasero. Si la justicia internacional es un sueño, sigue siendo uno bastante desigual. Y en países como México, hablar de justicia internacional suena a lujo porque ni siquiera hemos logrado garantizar justicia básica ni tampoco hemos desarrollado un verdadero sistema nacional de atención a víctimas. La violencia se normaliza, se vuelve estadísticas, se desdibuja en la burocracia del horror.

No se trata de minimizar el papel y la importancia que tiene la justicia internacional. De hecho, en muchas ocasiones —como con los informes del GIEI o el trabajo de organismos como la ONU-DH— han sido esas miradas externas las que han puesto sobre la mesa verdades que el Estado no quiere o no puede reconocer. Pero tampoco hay que caer en la ilusión de que un tribunal en La Haya va a venir a resolver lo que no hemos querido resolver aquí. La justicia internacional es importante, pero es complementaria. No sustituye la responsabilidad nacional. Y mientras no enfrentemos nuestras propias formas de impunidad todo lo demás es decorado.

El discurso oficial actual ha hecho carrera denostando a las instituciones. Que si son corruptas, que si responden a intereses oscuros, que si hay que desaparecerlas. Y sí: es necesario pensar siempre a las instituciones como perfectibles. Pero de ahí a destruirlas todas hay un largo trecho. Las instituciones son importantes porque la justicia no es automática. Hay que construirla, defenderla, cuidarla. Y eso implica fortalecer contrapesos, proteger archivos, garantizar el acceso a la información, y nombrar lo que pasa con todas sus letras. Por incómodo que sea.