Vicecoordinador de los diputados del PAN
La noche del jueves 22 de enero la unidad de Rescate de Rehenes del FBI detuvo con sus agentes, según afirmó Pamela Bondi y tan sólo con asistencia de las autoridades mexicanas, a Ryan Wedding, operador de trasiego de cocaína desde Colombia hacia Canadá a través de México.
Es una buena noticia que continúe la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Lo que no es buena noticia es que esa colaboración, demuestre que en México existe un doble rasero de procuración de justicia y combate al crimen organizado.
En efecto, a un año del inicio de la presidencia de Trump, sobran los ejemplos de acciones de las autoridades mexicanas que en realidad no se tomaron en nuestro país, sino desde Washington, y algunas de estas en franca violación de la legislación mexicana, o al contenido de los instrumentos de cooperación bilateral firmados por ambos países. Aquí algunos ejemplos.
El 3 de septiembre pasado, Trump envió a México a su Secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar con Claudia Sheinbaum y tratar asuntos relativos a la “prosperidad económica y la seguridad”, según se informó. Casualmente, tres días después de aquella reunión (6 de septiembre), la Secretaría de Marina dio a conocer la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros funcionarios y empresarios ligados al huachicol fiscal. Y casualmente, siete días después de la reunión (10 de septiembre) Sheinbaum informa de su iniciativa para reformar la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación para establecer aranceles a más de 1,400 productos de países con los que no se tiene tratado comercial, particularmente productos chinos.
Debemos también recordar que, a principios de diciembre, Trump amenazó con un nuevo arancel del cinco por ciento a productos mexicanos si nuestro país no cumplía con el envío de agua a Estados Unidos, conforme al Tratado de Aguas de 1944. De acuerdo con ese tratado, México debe entregar agua del Río Bravo y sus afluentes a Estados Unidos, pero ante las sequías de los últimos años, nuestro país ha incumplido.
Así que, para no hacer enojar a Trump y evitar ese arancel, el gobierno de Sheinbaum decidió quitarle agua a los agricultores de Nuevo León y Coahuila, que se abastecen de los ríos San Juan y Álamo, para mandar esa agua a Texas, violando el tratado y perjudicando a miles de agricultores mexicanos días después de haber negado el adeudo por las sequías en sus mañaneras de las mentiras.
Más recientemente, el 20 de enero, 37 presuntos delincuentes fueron enviados de México a Estados Unidos para que sean procesados allá y no aquí, sumando a la fecha la cifra de 92 en total; y dos días después, César Alejandro Sepúlveda, El Botox, por quien el gobierno norteamericano ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, fue detenido en Michoacán, mientras aquí era de tan sólo 100 mil pesos.
Ambos hechos se suscitaron después de la última llamada entre Sheinbaum y Trump, el 12 de enero y todos son ejemplos del contenido real de esas llamadas que sistemáticamente oculta la Presidenta. El gobierno mexicano es muy eficaz para cumplir los requerimientos estadounidenses y muy inexistente para detener a los delincuentes que azotan la paz y seguridad de los mexicanos que NO están en el radar del gobierno de Trump.
Pero cuando la “solicitud de cooperación” no viene del vecino del norte, las actuaciones de las autoridades mexicanas son bastante ineficaces. El 1 de noviembre, nuestro país se conmocionó por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Derivado de ese lamentable hecho, una semana después el gobierno federal anunció el “Plan Michoacán”; tres semanas después fue detenido uno de los supuestos autores intelectuales, Jorge Armando Gómez, El Licenciado.
Sin embargo, desde entonces no hay avances relevantes; Harfuch informó hace dos semanas de la detención de un taxista y un funcionario municipal implicados en el caso, pero para saber la verdad acerca de qué grupo criminal ordenó el asesinato y por qué, y cuándo serán detenidos los que dieron la orden, parece que aún estamos a años luz porque al día de hoy se siguen negando siquiera a investigar a los políticos del #CártelDeMorena señalados por Grecia Quiroz y el diputado Bautista Tafolla.
Es evidente que las pesquisas de investigación y justicia mexicana son decomisos sin detenidos. Decomisos con cifras maquilladas como las de homicidios y desapariciones, sin acciones de extinción de dominio y sin sentencias en contra de los militantes de Morena coludidos con el crimen organizado y con puros chivos expiatorios. Ah, pero eso sí, cuando se trata de detenciones derivadas de las listas de Trump son inmediatas, de alto nivel y sin excusas, hasta sin debido proceso como la salida del país “a la Mayo” de Wedding.
