Mientras que el Programa Sectorial de Cultura (PSC) presenta numerosas inconsistencias, el Programa Especial para la Eficiencia de la Gestión Pública (PEEGP) 2025-2030, cuyo responsable es la Secretaría de Hacienda (SHCP) mismo que fue publicado el 29 de agosto, se ajusta más a los parámetros de la Ley de Planeación, de lo posible que es ampliar los alcances de este tipo de documentos. Me detendré en algunos de sus aspectos ya que resulta abundante en lecturas, información, acciones, indicadores y metas que resta trecho para ver si se cumplen.
A diferencia del PSC, el PEEGP no tiene pudor al fijar el deslinde con la etapa neoliberal, como tampoco en nombrar los pilares ideológicos del segundo piso de la Cuarta Transformación. Lo interesante viene cuando revela lo que se heredó del periodo de AMLO, sobre todo en lo que atañe al objetivo 2: “Optimizar la gestión patrimonial y de riesgos en la Administración Pública Federal, mediante la administración, destrucción o enajenación de bienes improductivos y el fortalecimiento de capacidades institucionales en aseguramiento, retención y atención de siniestros”.
Del objetivo 2 se desprende que el Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP) está conformado por 111 mil 473 edificaciones de las cuales 42 mil 828 son administrados por otras instancias diferentes a la SHCP, que lleva el control en este catálogo. Se reconoce el enorme retraso en el inventario, el saber con mayor precisión las condiciones de esa infraestructura, las restricciones normativas que prevalecen y, de plano, la imposibilidad de tener la certeza del uso actual de un número no especificado de edificios y terrenos, no pocos en manos privadas y de organizaciones no gubernamentales. Esto resulta crucial ya que repercute en el enorme gasto en arrendamiento de infraestructuras para la gestión pública y en la escasa recaudación de derechos de uso en lo que es propiedad federal.
En el contexto, el diagnóstico determina la proporción del gasto ejercido en la función de desarrollo social en 2024. Mencionemos que el porcentaje más alto corresponde a salud con 24.8 por ciento, seguido de educación con 14.0 por ciento, en tanto que recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, al lado de protección ambiental, cifran 0.7 por ciento cada una.
Por otro lado, al establecer los usos genéricos del patrimonio inmobiliario los datos sorprenden. Son 67 mil 582 de uso religioso y si bien no se clasifican en el PEEGP, es factible afirmar que un alto porcentaje, además de estar destinados a la Iglesia católica, son bienes históricos. Puede uno imaginar el tamaño de la bronca legal y presupuestal de este conjunto.
Conviene detenerse en este objetivo ya que en segundo lugar aparecen los inmuebles con uso en salud y asistencia social, con seis mil 861, una diferencia descomunal que pinta el país. En tercer sitio, los de uso educativo y cultural con cuatro mil 262 por arriba de los empleados para el servicio público con tres mil 493. Veamos los extremos: 278 para medio ambiente y 234 para turismo, recreación y deporte.
Anótese para el debate: al cierre de 2024, de los 42 mil 828 inmuebles referidos 16 mil 486, es decir, 38.5 por ciento no cuentan con información básica. Hay cinco mil 417 terrenos. Los estados que más concentran inmuebles de los que se desconoce si cuentan con “título a favor de la Federación” son Ciudad de México con mil 361, Chiapas con mil 152 y Sinaloa con 979. Durango y Puebla, son los que menos reportan, con 349 y 351, respectivamente.
Se apunta que “la baja captación de cuotas de conservación y mantenimiento limita la capacidad de acciones para evitar el deterioro del estado físico y funcional de los inmuebles federales compartidos”. Por su fuera poco, hay 271 inmuebles “ociosos, lo que genera gastos para evitar su deterioro y mantenerlos vigilados”.
El PEEGP contempla seis objetivos, 26 estrategias, 149 acciones y 10 indicadores. Como ocurre en el PSC, ni una palabra sobre cómo será evaluado el programa y la “Visión a largo plazo” resultó un cumplimiento de una página. Nos ahorraron la lírica alucinante para situar los escenarios del 2030 y 2045, lo cual se agradece.
Del nutrido grupo de acciones, al menos citar la de “Promover la actualización integral de la Ley General de Bienes Nacionales” y ojalá se cumpla el “proponer la nueva Ley de Profesionalización del Servicio Público”, algo en lo que tanto he insistido. Otra cosa será que alcance el dinero para el colosal reto.
