Consultor en materia electoral.
@ebuendiaz
A finales de marzo, el INE aprobó un acuerdo en el que estableció diversas reglas que buscan garantizar condiciones de equidad durante el periodo de campañas de las personas juzgadoras. Inexplicablemente, dentro de dichas directrices, determinó que es la única autoridad que cuenta con atribuciones para la promoción del voto y de la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Ello implica que ningún otro actor, agente o autoridad puede hacer promoción de la elección. Solo el INE puede hacerlo y en caso de que ello se incumpla, existe posibilidad de sanciones. Más allá de que dicha decisión surge de una interpretación indebida del marco constitucional, lo cierto es que se trata de un error de cálculo por parte del INE.
Afortunadamente hace un par de días el Tribunal Electoral revocó dicha decisión. La razón fundamental es que la complejidad de la elección hace necesaria la participación de distintas autoridades en la promoción del voto y la participación ciudadana. Van algunos datos que reflejan esa complejidad.
Este año se elegirán más de 881 cargos judiciales de entre más de 5 mil candidaturas. Sin embargo, hay que recordar que el Poder Legislativo decidió a finales del año pasado recortar el presupuesto al INE, lo que complica su tarea de garantizar que la elección de jueces, magistrados y ministros del PJF sea exitosa y producto de un ejercicio democrático. Ello, pese a que Presidencia de la República se comprometió públicamente a dar mayor presupuesto a petición de propio INE.
Más allá que ese recorte provocó instalar centros de votación (73 mil), en lugar de las 170 mil casillas que se tenían pensadas instalar, también implicó reducir el costo para la capacitación de aquellas personas que se desempeñarán como funcionarios de las mesas de votación. Recordemos que en esta elección, nuestros vecinas y vecinos no contarán los votos el mismo día de la jornada electoral.
Adicionalmente, como hemos visto, las reglas de promoción de candidaturas están limitada a redes sociales y a la entrega de volantes con determinadas características. Ello se traduce que no habrá los clásicos mítines políticos a los cuales estamos acostumbrados en cualquier campaña electoral.
Así, en teoría, quienes tengan acceso a las redes sociales tendrán mayores elementos para conocer a las candidaturas y sus trayectorias. En esta elección las candidaturas solamente pueden difundir sus ideas, propuestas y, en su caso, solicitar el voto de la ciudadanía, a través de entrevistas noticiosas, foros informativos, así como mesas de diálogo o encuentros, organizados en condiciones de equidad.
Por otra parte, el INE había decidido asignarse mayor tiempo en radio y televisión para hacer sus promocionales y difundir cuestiones relacionadas con la elección de jueces, magistrados o ministros del PJF. Decisión que fue modificada por el Tribunal Electoral para que el INE solo tenga la mitad que se había asignado, esto es, 24 minutos para difundir aspectos que son esenciales del proceso electoral, entre ellos, la promoción de voto y la participación ciudadana.
Como puede advertirse, hay poco dinero, reglas limitadas para conocer a las y los candidatos y tiempos reducidos en radio y televisión para que la población conozca del proceso electoral y decida participar. Recordemos que la elección de integrantes del PJF es inédita en el país. Pocas personas saben cómo va a ser el proceso de votación, esto es, qué cargos están en contienda, cuántas boletas serán entregadas a los electores, cómo se debe marcar el voto (ahora no habrá logos de partidos políticos, sino un listado numerado de candidaturas por género). Es decir, un verdadero proceso complejo que amerita contar con la mayor difusión posible.
Hay que decir que la colaboración institucional en la difusión y promoción del proceso electoral, en modo alguno se traduce en la autorización para que se apoye a ciertas candidaturas. El tribunal electoral dejó claro que el deber de equidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos no se desvanece o diluye con la colaboración en la promoción de la participación ciudadana.
Hoy más que nunca debemos entender que la elección que se realizará en junio de este año es muy importante. Simplemente se trata de quienes nos impartirán justicia. Lo deseable es que haya mucha participación ciudadana el próximo primero de junio. Lo indeseable, aunque probable, es que ese porcentaje sea bajo. A partir de ello, se empezarán a buscar culpables y la primera en la mira será la autoridad organizadora: el INE. La responsabilidad en este proceso electoral, dado que fue una ocurrencia, debe ser compartida entre autoridades. Me parece que el Tribunal así lo entendió, afortunadamente.
