Maestro en democracia y derechos humanos.
@ebuendiaz
La semana pasada tomaron posesión de sus cargos los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fueron electos el pasado junio, ya se encuentran ejerciendo las funciones que legalmente tienen encomendadas, aunque algunos se encuentran haciendo cursos de inducción para poder ejercer el cargo correctamente. Así como lo leen.
También se instaló el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que viene a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal en materia administrativa, adscripciones y carrera judicial. Uno de sus primeros actos fue modificar el tabulador de sueldos de jueces, magistraturas y ministros para los meses de septiembre a diciembre de 2025, para ajustar los salarios de altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación a lo que recibe la presidenta de la República.
Recordemos que el artículo 127 de la Constitución establece, entre otros aspectos, que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. En seguimiento a dicha regla constitucional, el OAJ no solo ajustó salarios, fue más allá, también eliminó algunas prestaciones, como son los seguros de gastos médicos mayores, debiendo ahora atenderse en el ISSSTE.
Un matiz importante: salario no es lo mismo que remuneración. La propia Suprema Corte ha señalado que la remuneración se integra por el salario más otras prestaciones. Hasta la fecha, no existe información clara y verificable que revele a cuánto asciende la remuneración total de la titular del Ejecutivo. Basta resaltar que el Estado le otorga vivienda, transporte, vestimenta, alimentos y un largo etcétera.
Más allá de ese vacío, lo cierto es que la reducción de salarios y prestaciones concreta en el PJF la política de austeridad impulsada por el gobierno federal desde el sexenio pasado. Para algunos, este acto refleja la sumisión que el Poder Judicial podría mostrar frente al Ejecutivo. Pero antes de llegar a esa conclusión conviene observar qué tipo de justicia será la que efectivamente se imparta. Entonces no nos adelantemos.
Lo que sí resulta evidente es el riesgo que abre esta medida frente a la corrupción. Precisamente lo que se quería eliminar con la elección de personas juzgadoras. Ello, pues la función judicial no solo depende de la aplicación de la Constitución o de la Ley. También se construye en lo material con garantías de estabilidad, condiciones dignas de trabajo y sueldos que los protejan frente a las presiones externas.
En democracias consolidadas, los sueldos de personas juzgadoras son altos justamente para blindar a quienes toman decisiones que pueden incomodar a los poderosos. En asuntos donde haya mucho interés de índole económica o de libertad personal, la justicia siempre estará en posibilidad de ser corrompida.
Un juez con menor salario y sin las mismas garantías lo vuelve vulnerable a tentaciones. De ahí que el ahorro económico puede tener repercusiones en decisiones judiciales que respondan a intereses externos ajenos a la norma. Así, la austeridad, lejos de fortalecer al Estado, lo debilita desde su núcleo más sensible: la impartición de justicia.
La pregunta obligada es: ¿vale la pena debilitar a un poder del Estado por un ahorro en los salarios de las y los impartidores de justicia? Es cierto que la ciudadanía reclama austeridad y rechaza los excesos. Nadie defiende los privilegios ni los abusos de poder. La discusión debería ser más profunda y partir de diagnósticos serios: ¿dónde aplicar la austeridad sin poner en riesgo la función jurisdiccional? Reducir gastos superfluos en el aparato burocrático, eliminar duplicidades administrativas o revisar programas ineficientes siempre será la alternativa frente a debilitar la función judicial.
Hoy el Poder Judicial atraviesa un momento complejo. Recordemos que las personas juzgadoras están en el cargo a partir de una elección cuestionada por la baja participación ciudadana y por el uso de los famosos acordeones. Por ello, están obligadas a que a través de sus resoluciones demuestren que la elección fue la mejor decisión para fortalecer la justicia en nuestro país. En otras palabras, la confianza y legitimidad están a prueba.
Habrá que ver si la reducción salarial redunda en una mejora en el servicio público de impartición de justicia. Hasta ahora solo ha evidenciado que la decisión de topar los salarios fue un gesto político. La austeridad podrá ser una bandera muy atractiva, pero la independencia judicial es un cimiento que no podemos darnos el lujo de debilitar ante la corrupción. Ya veremos si el costo real de esta medida fue benéfico.
