Una vez más la justiciabilidad en nuestro país se encuentra en riesgo. ¿Qué pasará si, en nombre de combatir abusos, se recortan las herramientas para defender derechos?
Maestro en democracia y derechos humanos.
@ebuendiaz
En lugar de modernizar y generar avances en la impartición de justicia, parece que el gobierno y las mayorías legislativas que actualmente controlan el Congreso, pretenden afectar uno de los mecanismos de justicia más importantes del país y, con ello, a las personas que lo habitamos.
El juicio de amparo en México es, desde hace muchos años, el principal medio para la protección de nuestros derechos. Así de simple. Fue ideado para garantizar la constitucionalidad de resoluciones o actos que emiten las propias autoridades y para evitar, entre otros aspectos, los abusos por parte del Estado.
En un principio, frente a actos de autoridad, el juicio podía ser promovido solo por quien resintiera alguna afectación directa y personal a su esfera de derechos. Así se mantuvo por muchos años, hasta que la Ley de Amparo fue modificada para adecuarla a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
A partir de dicha reforma, se amplió la procedencia del juicio de amparo, permitiendo que colectivos de la sociedad civil, ya sean asociaciones, comunidades indígenas, agrupaciones ambientales y organizaciones sociales, entre otros, pudieran impugnar actos de autoridad que dañaban intereses de una colectividad. Ello significó que no era necesario tener una afectación exclusiva para promover ese juicio.
Gracias a eso, llegaron a los tribunales casos sobre proyectos que amenazaban el medio ambiente, afectaciones a comunidades rurales o indígenas, políticas públicas que impactaban en la salud de sectores de población o en la transparencia (rendición de cuentas). Simplemente se democratizó el acceso al amparo y, con ello, permitió que causas sociales fueran motivo de protección por parte del Poder Judicial (PJF).
Ahora dicha tutela se encuentra en posibilidad de ser negada. Ello, pues a partir de una propuesta de reforma enviada por la titular del Ejecutivo, se estaría limitando significativamente la posibilidad de controvertir actos de autoridad que afecten intereses colectivos.
El argumento que hay detrás es evitar abusos. Sin embargo, en los hechos se estaría cerrando la puerta a litigios que han sido fundamentales para la defensa de derechos humanos de muchas personas que por su condición social, ignoran la existencia de algún mecanismo de defensa jurídica.
Si prospera la reforma, será más difícil que organizaciones de la sociedad civil cuestionen jurídicamente proyectos que dañen al medio ambiente, que colectivos exijan servicios de salud adecuados, grupos vulnerables defiendan sus derechos o que comunidades se opongan a decisiones gubernamentales que afectan su territorio. Todo en detrimento del derecho humano a la impartición de justicia.
Limitar la defensa de derechos colectivos sería regresar a un esquema en el que solo los directamente afectados pueden defenderse, como si los derechos colectivos no existieran o fueran secundarios. Pero eso no es lo único que debe preocuparnos.
Seamos claros: la propuesta de reforma pretende limitar la capacidad del PJF de frenar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. Ello, pues además busca restringir, en algunos casos, que las y los jueces puedan suspender provisionalmente los actos de autoridad hasta que se resuelva en definitiva el juicio. También pretende blindar las reformas constitucionales frente a las revisiones judiciales.
Hay voces que señalan que el amparo es un juicio que protege privilegios y por ello hay que reformarlo. Al contrario. Es un medio para evitar la arbitrariedad y para que el PJF revise la constitucionalidad y legalidad del acto generado por cualquier autoridad y, en caso de concluir que existe una vulneración a un derecho fundamental, debe restituirlo. Si ello ocurre, la autoridad puede impugnar la decisión a través de otro medio de defensa legal. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿no confiamos en el nuevo PJF?
Cualquier Estado que aspira a ser democrático debe garantizar el reconocimiento y protección de nuestros derechos y libertades. La consolidación de nuestra democracia no se limita a elecciones libres. También pasa por generar las condiciones que fomenten la promoción y respeto a los derechos humanos y el principio de división de poderes.
Si la molestia tiene que ver con el ejercicio de un derecho fundamental como es el acceso a la justicia, creo que quienes se enojan no entienden cómo debe funcionar el sistema democrático. Los derechos son para ejercerse y para ser protegidos. Cada límite que se impone al juicio de amparo es, en los hechos, un límite al ciudadano frente al poder. En un México con una historia larga de abusos y arbitrariedades reducir las herramientas de control judicial no es, ni será, una buena noticia.
