Desde hace unos días se ha intensificado la discusión respecto a un tema que debería preocupar de manera prioritaria a la sociedad mexicana: la ausencia de controles que garanticen la seguridad y protección, en ambientes digitales, de las y los niños de este país. Esto, porque diversas plataformas se han convertido en un caldo de cultivo para que personas adultas cometan conductas que ponen en riesgo la seguridad e integridad de las y los menores de edad.

El reciente caso de una plataforma con millones de usuarios infantiles, en las que se ha documentado riesgos reales de interacción con adultos que cometen conductas lesivas, obliga a revisar dónde estamos parados y qué herramientas tenemos para enfrentar esa realidad.

Seamos claros: México lleva años tratando la seguridad digital infantil como un asunto estrictamente doméstico. Esa lógica es errónea. Ello, porque madres y padres tienen un margen de acción limitado por el tiempo, los recursos, y la alfabetización digital. Las escuelas, aunque realizan esfuerzos encomiables mediante talleres, carecen de programas suficientes y sostenidos. Y las fiscalías, cuya acción es reactiva y punitiva, sólo intervienen cuando el daño ya ocurrió. Ello, porque no tiene capacidad para abordar la problemática desde una prevención estructural.

Es un hecho que ese tipo de plataformas operan a través de algoritmos diseñados para extender la permanencia en el juego, maximizar interacciones y facilitar compras internas. Ellas mismas reconocen que pueden detectar comportamientos, clasificar patrones y monitorear conversaciones sospechosas. En otras palabras, cuentan con capacidad real de suspender perfiles o bloquear canales de comunicación cuando identifican dinámicas de grooming (acoso sexual a menores). Lo que no hacen, porque nadie las obliga, es activar estos recursos para alertar autoridades y prevenir daños. De ahí que surja una pregunta básica: ¿Existe un deber de informar y prevenir?

Por supuesto que lo hay. El marco jurídico internacional y nacional señalan como deber del Estado mexicano garantizar el interés superior de las niñas y niños. El problema es que el desarrollo normativo es insuficiente para esta nueva realidad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen derechos, pero no crean obligaciones técnicas y ejecutables para plataformas. El Estado mexicano ha regulado y concentrado, medianamente, sus esfuerzos en la vigilancia del uso de datos personales, pero carece de capacidad para monitorear algoritmos y dinámicas de interacción. Las fiscalías investigan delitos, pero no pueden ordenar cambios estructurales a productos digitales y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), debilitado presupuestalmente desde hace años, carece de dientes regulatorios. El problema rebasa por completo la capacidad de las instituciones existentes.

Si partimos de la idea que México opera, tratándose de las plataformas digitales, bajo la ficción de que la seguridad infantil depende de la educación y vigilancia familiar, ¿quién supervisa el funcionamiento interno de las plataformas? Es obvio que la niñez mexicana navega y juega en entornos digitales que son operados por empresas transnacionales. No se trata de prohibir su existencia y mucho menos dejar de reconocer que para millones de niñas y niños cumple una función de esparcimiento y socialización. Sin embargo, el problema ocurre cuando esos entornos no son seguros y cuando el Estado carece de los instrumentos para exigir que lo sean.

El camino ya está trazado. La Unión Europea a través del Digital Services Act, estableció obligaciones claras: verificación de edad, auditorías de algoritmos, sistemas de reporte verificables y responsabilidad directa por fallas. No se tratan de medidas restrictivas, ni mucho menos paternalistas. Simplemente son una respuesta para gestionar riesgos que puedan afectar a niñas y niños. Este tipo de medidas parten de la postura principal que las obligaciones de cuidado son para las plataformas, no para las familias.

México necesita transitar hacia ese esquema de corresponsabilidad. La vigilancia parental seguirá siendo crucial como primera línea de defensa. La solución no se reduce a desinstalar aplicaciones, sino a obligar a las plataformas a ser legalmente responsables por sus productos. Obviamente debe complementarse con un actuar diligente por parte de nuestras instituciones, desde un punto de vista normativo y de políticas públicas, para garantizar que los ambientes digitales sean espacios seguros para la infancia mexicana.