El inminente retiro de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda -anticipado en este espacio el pasado lunes 6- colocará a la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación particularmente incómoda. A quien se designe como relevo tendrá ante sí desafíos provenientes de una economía bajo amagos internos y externos.
En días recientes han crecido indicios de que la mandataria analiza centralmente dos opciones para ocupar el que quizá sea el despacho de su gabinete más relevante en este momento. Estas alternativas son la actual secretaria de Energía, Luz Elena González – su consejera más cercana en temas económicos-, y el actual subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, con 40 días en el puesto.
En días recientes surgió una versión entre fuentes familiarizadas con el tema, según la cual la doctora Sheinbaum podría también optar por una figura del pasado con alta respetabilidad en este campo -mujer u hombre-, del rango de, por ejemplo, José Ángel Gurría, con amplias credenciales – globales entre otras, por haber dirigido la OCDE entre 2006 y 2021.
La fecha para la salida de Ramírez de la O no estaría aún determinada, pero resultará influida por los anuncios que haga el presidente norteamericano Donald Trump al asumir el poder, el próximo lunes 20. No se descarta incluso una negociación de último momento con el titular de Hacienda para que permanezca en el puesto al menos hasta julio próximo, cuando cumplirá 77 años.
Esta efeméride parece gravitar en el ánimo del funcionario, quien habría compartido con selectos integrantes de su equipo y algunos actores de Palacio su decisión de retirarse. El argumento esgrimido, según fue confiado a este espacio, es que desea regresar a la vida privada por considerar que ha cumplido la tarea acordada al ser ratificado en el puesto en octubre pasado.
Con ello se referiría al diseño y gestión del presupuesto federal de este año con suficientes márgenes de maniobra; colocar internacionalmente nuevos bonos gubernamentales que darán un respiro al déficit presupuestal, y colaborar igualmente en la integración de esquemas de reestructuración de la gigantesca deuda de Pemex, que serán anunciados en las próximas semanas.
Sin embargo, otras señales apuntan a que Ramírez de la O ha expresado a Sheinbaum, incluso antes del inicio del actual gobierno, reservas sobre criterios que le fueron fijados para el plan económico de la nueva administración este año, e incluso, sobre nombramientos determinados en cargos sustantivos dentro del sector financiero.
El manejo del caso de la petrolera mexicana encerrará una enorme complejidad, según detallaron a este espacio fuentes cercanas al plan de rescate de Pemex. Su soporte esencial supondrá una gigantesca colocación específica de valores gubernamentales en el mercado internacional. Ello implicará transferir a las cuentas del gobierno deuda por cerca de 40 mil millones de dólares, aproximadamente 800 mil millones de pesos. Esa deuda sería encuadrada, según las mismas fuentes, en un fideicomiso especial que, en principio, administraría Banobras.
Pemex mismo, según fue autorizado por el Congreso dentro de la Ley de Federal de Ingresos 2025, contrataría deuda adicional por 246 mil millones de pesos, aproximadamente 20% de la deuda total que contratará el gobierno Sheinbaum en fuentes internas y externas, por un total de 1.24 billones de pesos.
Otro problema enorme de Pemex lo representa el pago pendiente a proveedores, que al cierre de 2024 se acercaba a 20 mil 500 millones de dólares, lo que representa más de 410 mil millones de pesos. En esta materia la decisión es pagar primero a los grandes proveedores -que subcontrataron a las compañías acreedoras más pequeñas-, pero con una quita importante ante múltiples evidencias de que muchas facturas pendientes de cobro fueron “infladas” en colusión con las autoridades de la paraestatal, que encabezó el agrónomo Octavio Romero Oropeza, actual director de Infonavit y una figura cercana durante décadas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
