Este evento no puede desligarse de un actor clave: Ricardo Salinas Pliego. El magnate mediático, a quien la Suprema Corte acaba de obligar a pagar impuestos rezagados por casi 50 mil millones de pesos, pero a quien la actual Ley de Telecomunicaciones no obliga prácticamente a nada como concesionario de la televisión, es un promotor abierto de la guerra ideológica. Él sabe que tiene sólo una salida: la desestabilización. Y para ello usa sus relaciones con los poderes políticos y económicos de la derecha articulada a escala local e internacional, así como a la Televisión Azteca –que increíblemente el gobierno le sigue dejando en concesión–, como armas-misiles contra el gobierno en turno.

En este contexto, es crucial entender el poder de influencia que aún conserva la televisión abierta en México. Frente a un panorama digital que excluye a más de la mitad de los mexicanos que no tienen acceso fluido a internet o redes sociales, la televisión y la radio comerciales –prácticamente capturadas por concesionarios particulares– se mantienen como la principal y, en muchos casos, la única ventana de información para millones de familias en este país. Este oligopolio fáctico de la información convierte a estos medios en misiles de desinformación de alta eficacia, capaces de modelar la opinión pública a su antojo.

Frente a esta artillería comunicacional de los corporativos de la derecha, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. No existe una política de comunicación eficiente y masiva entre el gobierno y los gobernados que contrarreste esta narrativa más allá de la “Mañanera del Pueblo”, cuya audiencia, si bien significativa, no logra penetrar todos los estratos de la sociedad de la misma manera que lo hace la televisión abierta en los hogares.

Es con este marco que resulta vital recurrir al análisis del filósofo Noam Chomsky para comprender cómo se manufactura el consentimiento para estas causas. En su teoría, expuesta en “Manufacturing Consent”, desentraña cómo los medios de comunicación comerciales, ante todo negocios, son instrumentos para producir un consenso pasivo en la audiencia. Su rol no es informar, sino difundir propaganda disfrazada de objetividad, haciendo que el público internalice mensajes sin cuestionar su origen o intenciones.

Es este marco el que ilumina aquel pasado discurso de Salinas Pliego en Argentina, el cual, más que una arenga, fue un manual de acción. Hizo un llamado explícito a los empresarios a participar en la lucha por la cultura y las ideas, advirtiendo que “no usar una buena parte de nuestras utilidades en apoyar estas causas es un ahorro malentendido”.

Su estrategia es comprar “un seguro contra el entorno”: financiar medios y personas que lideren esta “batalla cultural”, batalla que incluso el sábado 15 convirtió también en una ofensiva directa y real. ¿El objetivo? Crear un ecosistema informativo que defienda “sus” instituciones y su concepción de la democracia. La marcha del 15-N es un síntoma de esta estrategia: una operación de descontento orquestada que utiliza consignas juveniles para enmascarar intereses corporativos y una agenda para desestabilizar.

Chomsky tenía razón: los poderosos invierten sus recursos para no perder privilegios. La deuda fiscal de Salinas Pliego no es un dato aislado; es el motor de una cruzada. Por ello, desde nuestro movimiento, las Voces del Pueblo pedimos firmemente al gobierno de México que, en estricto apego a la ley pero con la firmeza que el momento exige, se le retire la concesión televisiva a Ricardo Salinas Pliego. Su uso constante del espectro radioeléctrico para fines de desestabilización y guerra sucia es un claro incumplimiento de las obligaciones que conlleva una concesión pública de esta naturaleza.

Es urgente y necesario crear un gran proyecto de televisión pública, la TV del Bienestar, de la cual ya tenemos un proyecto para iniciar. Una televisión que llegue a todos los rincones del país, con contenidos educativos, culturales y informativos veraces, que devuelva la palabra al pueblo y rompa el cerco mediático que hoy nos impone la derecha. La batalla no es solo en las calles; es, sobre todo, en el terreno de las ideas y la información que todo el día consumimos. Desentrañar los hilos que mueven estas manifestaciones y construir medios públicos robustos es el primer paso para no caer en la trampa de ser indiferentes ante el “consentimiento pre fabricado”.