Asimismo, el criterio podría incidir en la práctica de los despachos de cobranza, quienes deberán demostrar no sólo la existencia de la cesión, sino también la correcta comunicación al deudor antes de reclamar intereses moratorios.
La cesión de créditos es una institución clásica del derecho civil y mercantil mediante la cual el titular de un derecho de cobro (cedente) transmite ese derecho a un tercero (cesionario), quien pasa a ocupar su lugar frente al deudor. Se trata de una figura ampliamente utilizada en operaciones bancarias, factoraje financiero, compraventa de cartera vencida y reestructuración de pasivos.
En México, la cesión puede realizarse sin necesidad del consentimiento del deudor, salvo pacto en contrario; sin embargo, para que surta efectos frente a éste, debe notificársele. Es precisamente en este punto donde surge una de las principales controversias prácticas: ¿qué ocurre cuando existe retraso o irregularidad en la notificación o en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la cesión? ¿Puede hablarse de mora y, en su caso, quién la asume?
La tesis 2031763 analiza la configuración de la mora en el contexto específico de la cesión de créditos, delimitando cuándo puede considerarse que existe incumplimiento imputable y cuáles son sus efectos jurídicos. El criterio parte de una distinción fundamental: la cesión es un contrato entre cedente y cesionario, pero el deudor no es parte en él; por tanto, sus obligaciones no pueden agravarse por actos que no le sean imputables.
La tesis establece que la mora no puede presumirse de manera automática por el simple hecho de celebrarse la cesión. Para que exista mora es indispensable que concurran los elementos tradicionales: exigibilidad de la obligación, incumplimiento y, en su caso, interpelación cuando sea necesaria. En ese sentido, si el deudor paga al acreedor original antes de tener conocimiento formal de la cesión, dicho pago puede considerarse liberatorio.
Este razonamiento fortalece el principio de seguridad jurídica, pues evita que el deudor quede en estado de indefensión frente a transmisiones de crédito que desconoce. Asimismo, subraya que la carga de notificar oportunamente la cesión recae en quienes intervienen en el contrato, no en el deudor.
El criterio tiene especial relevancia en el mercado de compra y administración de cartera vencida. En la práctica, es frecuente que créditos bancarios sean cedidos a despachos de cobranza o a sociedades especializadas. Cuando el deudor no recibe notificación clara y fehaciente, surgen conflictos sobre a quién debe pagar y desde cuándo puede considerarse en mora.
En este punto, la tesis en comento aporta claridad al señalar que la mora no puede configurarse en perjuicio del deudor si éste no ha sido debidamente enterado de la sustitución del acreedor. Esto implica que las instituciones financieras deberán reforzar sus mecanismos de notificación y documentación, a fin de evitar litigios posteriores.
Desde la perspectiva de los cesionarios, el criterio representa un llamado a extremar la diligencia. La adquisición de un crédito no sólo implica asumir el derecho de cobro, sino también los riesgos asociados a su correcta formalización frente al obligado.
Uno de los aspectos más relevantes de la tesis es su enfoque garantista. En un contexto donde la cesión masiva de créditos puede generar asimetrías de información, el Poder Judicial envía un mensaje claro: la mora no puede declararse sin que exista plena certeza sobre la exigibilidad y el conocimiento de la obligación.
Esto no significa que el deudor quede exento de responsabilidad. Si una vez notificado formalmente incumple con el pago, podrá configurarse la mora con las consecuencias correspondientes, como el pago de intereses moratorios o daños y perjuicios. Sin embargo, el criterio impide que la falta de coordinación entre cedente y cesionario se traduzca en cargas indebidas para el obligado.
Este criterio contribuye a sistematizar un tema que, aunque regulado en la legislación civil, había generado interpretaciones dispares en tribunales inferiores. Su publicación en el Semanario Judicial de la Federación dota al criterio de mayor difusión y orienta la actuación tanto de jueces como de litigantes.
En adelante, será previsible que los contratos de cesión incorporen cláusulas más detalladas sobre la forma y el momento de la notificación, así como mecanismos probatorios robustos para acreditar que el deudor tuvo conocimiento efectivo de la transmisión del crédito.
Lejos de ser un tema menor, la definición de cuándo existe mora en estos supuestos impacta directamente en la economía cotidiana de miles de personas. Con este criterio, el Poder Judicial refuerza la idea de que la transmisión de derechos no puede convertirse en un mecanismo para generar responsabilidades automáticas, sino que debe respetar las reglas básicas del debido cumplimiento contractual.
