No tememos a la muerte, tememos que nadie note nuestra ausencia; que desaparezcamos sin dejar rastro.
T. S. Eliot
La presidenta Claudia Sheinbaum defiende lo absurdo. Reacciona con virulencia frente a una realidad que nos debería avergonzar. Descalifica el documento de la Comisión contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), no combate argumentos, solo invalida, descalifica: la investigación “viene de una comisión y no de la ONU”, afirma. Algún asesor ignorante le pasó una tarjeta, la leyó sin comprenderla.
El presidente de la CED, Juan Pablo Albán, le respondió a la inquilina de Palacio precisando algunos puntos: la creación de estos órganos o asignación de grupos de expertos sí forma parte de los mecanismos de las Naciones Unidas y los integrantes de los organismos son elegidos por los propios Estados miembros. Además, el artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento y el análisis de la comisión no se limita a un periodo cerrado, concluyó Albán.
Sin embargo, a Sheinbaum poco le importa la realidad de miles de mexicanos, la tristeza que sienten las madres buscando a sus hijos, caminando por desiertos o por montes, dejando su vida para encontrarlos. Lo central son las apariencias, cómo se ve el país en el exterior. Temen en Palacio ser exhibidos en la Asamblea General de la ONU.
Los datos oficiales ya indican un problema de carácter estructural. Ellos mismos se pusieron los grilletes. Y esto es evidente al carecer de una política integral y multiinstitucional que haga el acompañamiento con las víctimas y fundamentalmente la prevención social. La reacción punitiva no basta.
Estamos ante una epidemia de violencia, pero la Presidenta está en un concurso de popularidad. No se canalizan recursos sustanciales para enfrentar el fenómeno: miserables 2 mil millones destinados este año, mientras aumentan groseramente para los militares. La crisis forense es brutal. Las autoridades federales se desentienden, las estatales carecen de recursos y las municipales están cooptadas.
Dice el gobierno que ya no desaparece personas, pero el informe de la CED no lo acusa de ello, lo que sí menciona es la aquiescencia en las desapariciones y los hechos son irrefutables. Hoy no hay ninguna acción seria para detener la leva o reclutamiento que hace la delincuencia organizada con los jóvenes.
Las personas desaparecidas suman miles y lo único que hace el aparato de la 4T (incluida la vergonzosa CNDH) es defender su “humanismo” de oropel, exorcizando a las víctimas, negándoles la ansiada justicia. El calificativo de delito de lesa humanidad que usa el CED no es gratuito. La negación oficial es grave e irresponsable. ¿No eran diferentes?
