Las otras víctimas de los asesinatos

Por Armando Vargas

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, recuerda en muchos sentidos la ejecución de José Cabrera, ex candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, durante el proceso electoral de 2024.

En ambos casos, un hombre muy joven burló el dispositivo de seguridad federal y disparó en un evento público a un actor político municipal. En ambos, el agresor cayó también en el acto. Esta vez fue Víctor Ubaldo, de apenas 17 años. ¿Qué lleva a los jóvenes a ese desenlace?.

La pregunta tiene un valor criminológico profundo. Entender por qué las juventudes desarrollan motivaciones para participar en actividades delictivas es indispensable para diseñar políticas públicas que prevengan esa trayectoria.

A lo largo de mi trabajo he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes —hombres y mujeres— involucrados en actividades criminales. No pretendo hacer generalizaciones a partir de mi trabajo: cada contexto exige su propio análisis. Pero sus testimonios ofrecen claves valiosas para examinar las estrategias que el Gobierno de México impulsa frente a este fenómeno.

Las juventudes no siempre delinquen por necesidad económica. Pensar que la pobreza explica por sí misma la criminalidad juvenil es desconocer la complejidad de sus motivaciones. La relación directa entre pobreza y criminalidad es, de hecho, sumamente cuestionada. Existen necesidades materiales e inmateriales que pueden —o no— coexistir, y que responden tanto a carencias estructurales como a vacíos afectivos o simbólicos. En muchos casos, las juventudes se ven inmersas en actividades delictivas no sólo para sobrevivir, sino para buscar sentido dentro de un entorno que los margina.

Entre las motivaciones materiales destacan al menos dos: la satisfacción de necesidades básicas —alimentación, vivienda, servicios— y el deseo de alcanzar un estatus económico asociado al consumo. El delito se convierte en un medio de supervivencia o ascenso, sobre todo cuando las vías legales se cierran por exclusión escolar o laboral. Para algunos, delinquir es una manera de cumplir el rol de proveedor familiar; para otros, una forma de participar del ideal de éxito que la sociedad impone.

Las motivaciones inmateriales tienen un carácter distinto, pero no menos poderoso. La necesidad de aceptación, reconocimiento y pertenencia aparece una y otra vez en los testimonios de jóvenes que encontraron en los grupos delictivos la validación que no hallaron en su familia, la escuela o la comunidad. En esos espacios, delinquir se traduce en respeto e identidad. El prestigio entre pares o la sensación de poder constituyen incentivos emocionales que dotan de sentido a vidas marcadas por la exclusión.

Estas motivaciones no son excluyentes: a menudo se entrelazan. El joven que delinque para sobrevivir también puede hacerlo para sentirse valorado. El que busca dinero puede, al mismo tiempo, perseguir reconocimiento. Comprender esa doble dimensión —material e inmaterial— es clave para diseñar políticas que atiendan no solo la falta de ingresos, sino también la soledad y la desconexión que empujan a las juventudes al delito.

Lamentablemente, la política del Gobierno actual carece de esta profundidad. Su enfoque parte de una premisa limitada: que la pobreza explica el delito y que, por tanto, basta con distribuir dinero para contener la violencia. Las transferencias directas no condicionadas alivian carencias inmediatas, pero no transforman los entornos donde las juventudes construyen identidad, pertenencia o futuro.

Al privilegiar una relación mecánica entre pobreza y criminalidad, el Estado desatiende los factores emocionales y comunitarios que dan sentido a la vida de los jóvenes. Sin políticas que fortalezcan la escuela, el tejido barrial y los espacios de reconocimiento social, las transferencias se vuelven paliativos de corto alcance. Reducir la prevención social a una cuestión de ingresos es confundir la necesidad con el vacío. Implica incluso olvidar que la violencia también se gesta en la soledad, el desarraigo y la ausencia de horizontes colectivos.

Ojo: debo dejar algo claro. Las juventudes no eligen participar en el crimen: son orilladas por la falta de canales para satisfacer sus necesidades, materiales e inmateriales. Tampoco todas actúan por voluntad; muchas son obligadas por la violencia. Los reclutamientos forzados son una realidad que se traslapa con las carencias. En conjunto, revelan un Estado endeble, que falla en múltiples frentes: la protección, la educación y la pertenencia.

Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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