El sistema electoral mexicano ha sido construido por la vía de reformas electorales sucesivas consensuadas por todas las fuerzas políticas que, a cada paso, han logrado mejorar sus componentes y ampliado con visión progresiva derechos de las y los mexicanos.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
La presidenta de la República y diversas voces del oficialismo han reiterado que la reforma electoral en marcha busca reducir costos de las elecciones porque la gente no quiere mucho dinero para los partidos políticos ni tantas “pluris”.
Han abusado del argumento de que la reforma no puede ser criticada porque aún no existe una iniciativa, aunque en rigor sí existe, solo que ha sido construida en la opacidad y la exclusión de adversarios, autoridades, medios de comunicación y especialistas. La mejor prueba de su existencia se encarna en la rebelión de sus aliados políticos, el PVEM y el PT que ven riesgos para su propia subsistencia.
Más allá de si la reforma es, o no, una demanda popular, sus propósitos han sido delineados con nitidez bajo la falsedad discursiva de que se trata de un asunto de carácter técnico que ahorrará mucho dinero al país. No le demos vuelta: reducir presupuesto y estructura al INE reduce sus posibilidades operativas y técnicas para garantizar elecciones confiables; disminuir el financiamiento público elimina la capacidad de competencia de los partidos políticos de la oposición y también del PT y del Verde; suprimir una parte o la totalidad las “pluris” reduce la representación partidaria en los congresos y ayuntamientos, pero esencialmente, impide el reflejo adecuado de la pluralidad política y social del país.
La propuesta anunciada por Claudia Sheinbaum avanza en la ruta de demoler la democracia constitucional mexicana, sería un eslabón más que se sumaría a la reforma que canceló la autonomía del Poder Judicial, la supresión del INAI y una larga lista de ajustes constitucionales y legales orientados a concentrar el poder y conservarlo a costa de todo, a ello obedece que una premisa básica del oficialismo indique que la reforma va porque va, con o sin consenso, con o sin la aceptación de todos quienes han presentado argumentos en el debate y están en desacuerdo con los objetivos de la reforma.
Morena pretende usar sus mayorías para imponer ajustes regresivos, el dilema está, por paradójico que sea, en que logren convencer a sus aliados políticos, de ellos depende la viabilidad de la reforma, si la aprueban será una especie de suicidio político que los vuelve prescindibles desde las elecciones de 2027, si la impiden será en defensa de sus intereses políticos, más que para preservar la vapuleada democracia mexicana.
El diseño institucional de autoridades electorales y reglas del juego acordadas por todos los actores han dado auténticidad e integridad a las elecciones mexicanas y han permitido que la alternancia en los cargos públicos sea parte esencial de la normalidad democrática.
La reforma que se requiere, en opinión compartida por un amplio sector de la población, no es la del oficialismo que pretende el control absoluto de la autoridad electoral y la imposición de reglas de competencia que favorezcan y garanticen el triunfo de sus candidaturas; al contrario, se exige una reforma que recupere la imparcialidad y autonomía de autoridades electorales, garantice elecciones libres, condiciones equitativas en la competencia y combata la peligrosa influencia de la delincuencia organizada que impone personas en cargos de elección popular como se demuestra en casos recientes; y se exige una reforma que recupere los equilibrios y contrapesos entre los poderes públicos que son consustanciales a un régimen democrático.
