A días que concluya este gobierno, podemos afirmar que México se está militarizando. Además del deber que tienen las fuerzas armadas de la seguridad interior, integridad, la independencia y la soberanía de la nación, ahora el gobierno le ha dado funciones administrativas y proyectos de infraestructura. Nunca le habían dado tantas funciones de orden civil a las fuerzas armadas.

En el Inventario Nacional de lo Militarizado, realizado por el Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta, se precisa que ha señalado que de 2018 a 2022 el gobierno transfirió, vía convenio, 123 actividades que tradicionalmente estaban a cargo de civiles. Ello se ha traducido en una mayor entrega de recursos económicos. Para 2024 las fuerzas armadas estarán operando cerca del 20% del presupuesto nacional.

La congruencia ideológica de este gobierno es una joya. Antes de 2018 el todavía presidente y sus simpatizantes criticaban reflexivamente y con razón, el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y se escuchaba la frase: Los militares a los cuarteles. Es más, daban 6 meses para que eso ocurriera. Hoy todo es distinto.

Hace un par de días el Congreso de la Unión, con el “profundo análisis” que caracteriza actualmente a las mayorías legislativas, aprobó una reforma constitucional en el cual se transfiere totalmente la función de seguridad pública federal a la SEDENA. El objetivo es que la Guardia Nacional forme parte de la milicia, esto es, que las y los militares sean los encargados de ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública y dotarle de facultades de investigación de delitos. Todo lo anterior implica modificar las funciones militares en tiempos de paz, lo cual es muy delicado.

De hecho, algunos legisladores han sostenido que, con dicha medida, por fin se va a solucionar el problema de seguridad pública que “heredaron” de gobiernos anteriores. Más allá que se trata de la misma cantaleta que todo ha sido culpa de otros gobiernos, lo cierto es que es un reconocimiento implícito del fracaso en la política de seguridad. Las cifras evidencian que en este sexenio hubo un aumento importante en la criminalidad en distintos rubros: asesinatos, secuestros, violencia, extorsión, etc. A lo mejor no había que dar tantos abrazos a los delincuentes.

Organizaciones ciudadanas, así como organismos internacionales han señalado el peligro que implica la reforma frente a la protección de los derechos humanos. Ello porque es previsible que exista incremento de desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Así lo demuestra la experiencia nacional e internacional, cuando se les ha dado a las fuerzas militares tareas de seguridad pública. Además, con dicha aprobación, México estaría omitiendo deliberadamente diversas recomendaciones de comités de la ONU que señalan su inviabilidad.

Es indudable la importancia que tienen las fuerzas armadas para el país, pero involucrarlos en actividades de gobierno que están pensadas para civiles es delicado. Definitivamente no es un tema de capacidad de la burocracia, mucho menos de evitar actos de corrupción. Lo que sí es un hecho es que cada vez los militares y la marina tienen un mayor poder económico y político que va a ser difícil de controlar. Habrá que ver quién es la o el valiente que se los quita.