Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
Distintos estudios realizados por consejerías electorales, organizaciones ciudadanas, instituciones académicas y medios de comunicación señalan que las candidaturas ganadoras de las elecciones judiciales coinciden en, alrededor de 80 por ciento, con los nombres promovidos en los acordeones que circularon profusamente en los días previos y durante la jornada electoral.
Siendo una práctica ilegal y fraudulenta, para la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, salvo para el consejero Jorge Montaño, debe sancionarse con el equivalente a 10 por ciento de los montos aprobados como topes de gastos de campaña a cada una de las candidaturas ganadoras.
Así, quienes ganaron cargos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral deberán pagar alrededor de 147 mil pesos de multa; los de salas regionales del propio Tribunal Electoral, 89 mil pesos; magistraturas de circuito 41 mil pesos; y juezas y jueces de distrito 22 mil pesos. Esta es la propuesta que la Comisión presenta hoy ante el pleno del INE, siendo loable el esfuerzo de cuatro consejerías para revertir el perdón absoluto propuesto por la Unidad Técnica de Fiscalización que proponía darle la vuelta a la página sin multas, es insuficiente para castigar el terrible daño que los acordeones infringieron a las elecciones.
Más allá de lo que ocurra el día de hoy, de aprobarse las multas propuestas por la Comisión, habrá resultado muy cómodo y benéfico para las candidaturas ganadoras que, a imagen y semejanza de algunos partidos políticos, le dieron la vuelta a las normas y a cálculos medidos pagarán multas irrisorias a cambio de acceder a posiciones clave del Poder Judicial. Lo mismo para las candidaturas no ganadoras que igual aparecieron en los acordeones y no tendrán sanciones por este concepto. Los más felices serán los promotores de los acordeones en Nuevo León que saldrán ilesos.
Las personas juzgadoras que asumirán responsabilidades en septiembre próximo integrarán los nuevos poderes judiciales emanados de los acordeones no de un ejercicio de democratización del sistema de justicia ni del voto libre del pueblo, como predica el discurso oficialista, menos aún se trata de elecciones exitosas como se pregona desde el poder. De nuevo, las elecciones judiciales son el resultado de la estrategia fraudulenta diseñada por grupos de poder político y económico, por servidores públicos y partidos políticos, todos con prohibiciones, con mandatos de no intervención en los comicios judiciales, siendo inaceptable que las autoridades responsables de realizar las investigaciones y establecer las sanciones correspondientes le informen a 87 por ciento del electorado que no se acercó a las casillas y a toda la población mexicana que es imposible encontrar a quienes imprimieron, pagaron y distribuyeron los acordeones.
El uso de acordeones, sumados a otras prácticas y trampas ocurridas en estos procesos, destruyeron la calidad y autenticidad de las elecciones judiciales que terminaron por convertirse en una farsa. Que los nombres promovidos en éstos sean los mismos de las candidaturas ganadoras no es una casualidad ni una coincidencia, es el resultado de una práctica ilícita orquestada para arrebatarle al pueblo su derecho a elegir, fue la respuesta ideada para resolver el desinterés y el rechazo ciudadano y para imponer las candidaturas simpáticas a la 4T. ¿Dónde quedó la superioridad moral que promovieron hasta con una cartilla que nunca cumplen y que solo existe en la retórica del discurso?
