Según lo acordado, la Reforma Político-Electoral debería estar lista para diciembre. Antes de que concluya formalmente el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, la Oficina de la Presidencia busca consolidar esta gran reforma estructural.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario.
@ManuGuadarrama
Las reformas impulsadas por el Gobierno Federal comprenden cambios significativos en materia de evaluación educativa, fortalecimiento de programas sociales, reforma laboral y derechos sindicales, contrarreforma energética, austeridad republicana, Guardia Nacional, aduanas, infraestructura, pueblos indígenas, extinción de organismos autónomos y la reforma al Poder Judicial. Dentro de las grandes reformas pendientes, resta la fiscal y la electoral.
En materia de recaudación, todo parece indicar que la estrategia será la acumulación de pequeñas reformas que ya en la operación funcionen como una reforma fiscal que amplíe la recaudación del Gobierno. Por el contrario, la aprobación de las reglas del juego político-electoral se convertirá en la manzana de la discordia.
El sistema electoral de un país es el reflejo de la salud de su democracia. La reforma electoral es de tal relevancia que requiere de consensos y acuerdos previos. Por eso, a través de un decreto presidencial, la Presidenta Sheinbaum creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esto es, un órgano transitorio con la tarea de convencer y generar acuerdos para llevar a cabo la reforma. Además de tener pendiente el consenso ciudadano y del INE, el mayor obstáculo vendrá de los partidos aliados como el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) ¿a qué se debe esa oposición?
Actualmente las reglas electorales en materia de representatividad han generado distorsiones: supermayorías sin límites o contrapesos, así como la sobrerrepresentación de partidos que con pocos votos obtienen muchos escaños. Los lugares en el Congreso, tanto de diputados como de senadores, no solo generan poder político para legislar, sino el otorgamiento de recursos públicos, presupuesto y espacios que ningún grupo político desea perder. También hay otros afectados. Modificar el diseño del INE implica la pérdida de poder de los Organismos Públicos Locales (OPL) encargados de organizar elecciones en las respectivas entidades federativas, pero al mismo tiempo, el INE podría perder el control del padrón electoral y su autonomía presupuestaria. En otras palabras, la reforma reduciría el poder de algunos partidos y del árbitro electoral.
La reforma electoral puede potencialmente solucionar problemas como: 1) Eliminar la sobrerrepresentación de partidos políticos, ajustando las reglas de asignación de escaños para lograr una proporcionalidad entre votos y posiciones; 2) Dar espacios y reconocimiento a grupos históricamente subrepresentados, a través de circunscripciones especiales o cuotas de representación efectivas; 3) Evitar un sistema fragmentado con inestabilidad política y gobiernos débiles, estableciendo umbrales mínimos de votación y coaliciones programáticas previas a los comicios; 4) Procesos opacos y susceptibles a financiamientos ilícitos, con la implementación de tecnologías para el voto y el escrutinio del INE en ejercicio de su autonomía; 5) Apatía y desvinculación entre representantes y representados, promoviendo mecanismos de democracia directa como las listas abiertas que acerquen al votante a su candidato.
La regulación en materia electoral es como una receta de cocina. No puede excederse o faltarle alguno de los ingredientes. Si algo no está balanceado, el platillo se estropeará y dejará un mal sabor de boca. Esperemos que la propuesta de reforma electoral tenga la receta y ejecución correcta.
