Recientemente el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) conoció el estudio comparativo entre este Instituto y los distintos Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) sobre la determinación de los topes de gastos personales de campaña para las candidaturas de personas juzgadoras en los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2024-2025.

A partir de los hallazgos, y con la finalidad de aportar elementos que contribuyan a mejorar el diseño institucional de cara a los procesos electorales del Poder Judicial Federal y locales de 2027, se presenta un breve análisis sobre la importancia que tiene fijar límites al ejercicio de estos recursos.

Los topes de gastos surgen en un contexto de apertura al pluralismo político durante los años 90 del siglo pasado, a partir del cual se prioriza el financiamiento público a los partidos políticos sobre el privado. El objetivo era, y sigue siendo, regular los recursos financieros que circulan en torno a las campañas con la finalidad de evitar la injerencia de dinero de procedencia incierta, crear condiciones de participación más equitativa entre las candidaturas (“piso parejo”), transparentar el uso de esos recursos y contener erogaciones excesivas.

Con la reforma al Poder Judicial se rompe con esta lógica al prohibir que las personas candidatas “…hagan erogaciones de recursos públicos o privados para promocionar sus candidaturas” (arts. 522 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 489 del Código electoral local); lo que traslada la carga del gasto únicamente al bolsillo de la persona candidata, en un país con altos índices de desigualdad económica. También se instauró que los topes no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales para candidaturas sin partido a diputaciones; pero al ser el ámbito territorial de las campañas más amplio para los cargos judiciales, los recursos pueden resultar limitados para lograr su propósito.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolló que la base para fijar los topes de gastos debía diferenciarse en función de cada tipo de elección, esto es: el cargo por el que se compite, el número del electorado y el territorio donde se desarrolla la campaña (SUP-JE-11/2025).

El estudio explica cómo, en apego al criterio del órgano jurisdiccional, el IECM aplicó la “diferenciación funcional” al fijar el límite territorial para el cargo del Tribunal de Disciplina en toda la Ciudad como una sola circunscripción, y 11 distritos judiciales electorales para los cargos de personas ministras y juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia, donde cada uno se integró por 3 distritos electorales correspondientes a la geografía empleada para los procesos electorales legislativos y ejecutivos. Esto permitió topes variables y diferenciados por tipo de carga y zona de responsabilidad, con un equilibrio demográfico y de representatividad entre ellos.

La importancia del estudio radica en que evidencia que las directrices emitidas no proporcionarán la claridad necesaria para la emisión del tope de campaña de financiamiento personal, que representa en sí mismo un cambio en el modelo de competencia electoral que nos devuelve a las discusiones de equidad y cuyas campañas posiblemente se invisibilizarán frente a las de los partidos políticos. Este es, sin duda, uno de los temas que la Reforma Electoral debería estar contemplando para seguir fortaleciendo la pluralidad y la equidad dentro del sistema democrático del país y de sus entidades federativas.

Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mexicana, politóloga, feminista, activista menstrual. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE). Maestra en Políticas Públicas Comparadas y Maestra en Política Pública y Género, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO). Forma parte de la Red de Politólogas y de #MenstruaciónDignaMéxico.