Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
De nada sirvió que desde 2014 la Fiscalía General de la República tenga autonomía constitucional. Con el sello de la casa, su titular fue removido fast track, dos años antes de concluir su encargo, en un arreglo político que dejó de lado el cumplimiento de formalidades jurídicas, que fueron exhibidas por legisladores de la oposición.
Ninguna de las causas graves previstas en la legislación fue argumentada por Alejandro Gertz Manero, quien en su misiva solo expresó, con la validación de la mayoría en el senado, que tenía una invitación de la Presidenta para participar como embajador en una nación amiga, posiblemente Alemania.
La autonomía de organismos como el Inai, INE o la FGR resulta incómoda para la 4T. Ya sabemos lo que hacen con ellos cuando enarbolan su independencia constitucional: los exhiben, colonizan o desaparecen. No es que podamos reconocer en Gertz Manero a un funcionario autónomo e imparcial, al contrario, es claro que durante su gestión se olvidó de ejercer la autonomía que estaba obligado a defender. No obstante, era titular de una institución que, en teoría, se distancia del gobierno y se rige por normas específicas orientadas a garantizar una procuración de justicia imparcial, pero para efectos prácticos, la autonomía dejó de ser su escudo protector y el fiscal fue removido por decisiones y acuerdos políticos orillados por su evidente alejamiento de la Presidenta, del gabinete de seguridad y del expresidente.
Lo más grave, es que la remoción no está acompañada de una exigencia formal de rendición de cuentas sobre temas denunciados públicamente por diversos colectivos y que laceran nuestra vida social por la impunidad que prevalece en torno a ellos, como la extraña e incongruente actuación de la Fiscalía en asuntos como el Rancho Izaguirre, el tráfico de influencias que se dio para afectar a la esposa del hermano de Gertz Manero y sus hijas, las investigaciones inconclusas sobre el caso Odebrech, el huachicol fiscal y los actos de corrupción que se investigan al dueño del certamen Miss Universo, que resultó ser un testigo protegido que se acogió al criterio de oportunidad, cuando pareciera que debería estar en prisión.
La remoción tendría que abrir la puerta para que, en función de la autonomía de la que goza la FGR, se inicie un procedimiento público y transparente, para que la Cámara de Senadores, con plazos razonables, inscriba la participación de personas que reúnan los conocimientos y experiencia necesaria para ejercer esa responsabilidad, evaluar los perfiles de cara a la sociedad y elegir a la persona más idónea para el cargo. En cambio, se opera, con extrema celeridad, un procedimiento opaco para imponer, posiblemente, a Ernestina Godoy, persona de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum, cuya cercanía se corrobora con su actuación al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México, también en asuntos muy espinosos para la entonces jefa de Gobierno.
La remoción de Gertz Manero y la posible imposición de Godoy, se da en un momento clave del mandato de la Presidenta, cuya popularidad acusa los primeros estragos medidos en la encuesta internacional Morning Consult que, tanto AMLO como ella, presumieron hasta el cansancio y que, en los resultados de noviembre, reflejan un descenso notorio del segundo al noveno sitio, con un 41 por ciento de aceptación y un 53 por ciento de rechazo, veremos qué datos arrojan las mediciones demoscópicas nacionales. En tanto, en aras de recuperar popularidad y de afrontar las elecciones de 2027, la 4T pasará por encima de la autonomía constitucional de otro organismo que seguirá siendo un apéndice del gobierno. El fin justifica los medios.
