Quienes simpatizábamos con la transición del INMUJERES a una Secretaría en el marco del Gabinete de la Administración Pública Federal, abrigábamos muchas expectativas en su creación desde años atrás. Pensábamos que el INMUJERES como organismo descentralizado y como mecanismo de la política a favor de los derechos de las mujeres, ya había llegado a su máxima influencia a favor del 51.8% de la población de este país.

Por eso había que avanzar en la creación de la Secretaría que influyera, con funciones de autoridad, al diseño transversal junto con otras dependencias del propio gabinete, de una política pública con acciones y medidas para la prevención y erradicación de las distintas formas de discriminación contra las mujeres de todas las edades.

Por desgracia, esta característica no sólo se observa en esta secretaría; en realidad varias trabajan con un enfoque partidista, no en cambios estructurales hacia un desarrollo humano, sino en medidas asistencialistas y de promoción electoral de su partido.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de las Mujeres tiene como objeto, “establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación en el ámbito de su competencia, de la política nacional, en materia de mujeres, adolescentes, niñas, igualdad sustantiva, de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como el sistema de cuidados” dice textual. Además se anunció que con su creación “habría una garantía legal para que no exista la brecha salarial entre hombres y mujeres”, y para tal efecto se reformaron diversas leyes federales. Por reformas no paramos.

Quien dejó el cargo debió atender todos los asuntos relacionados con la aplicación de las leyes, también debió esmerarse para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Anexo 13 volviese al objeto de su creación con políticas específicas a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas. Pero no fue así. Tampoco se cumplió con lo establecido en las leyes de Igualdad y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Igual suerte ha corrido el sistema de cuidados tan anunciado por este gobierno.

En política nunca hay que perder el ánimo para exigir se cumpla el Estado de derecho y se concreten acciones para que las cosas mejoren. Esperemos que la Presidenta apoye a esta Secretaría y ordene su coordinación con todas las Secretarías del gabinete, empezando por la Secretaría de Hacienda, porque si no hay disponibilidad de recursos económicos que respalden las políticas anti discriminatorias, esta Dependencia seguirá siendo otra cosa, pero no lo que necesitamos. Y el “llegamos todas”, continuará siendo pura demagogia.