La historia no es de ahorita, sino de muchos años atrás, incluso se puede afirmar que es una tradición muy mexicana, muy sinaloense, el hecho de que en los penales exista lo que llaman el autogobierno, descrito así por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando las instalaciones de un reclusorio es dirigido por los mismos internos, que por lo regular responden al interés de un grupo criminal.

Sin embargo, lo curioso del penal de Aguaruto –el penal de las coladeras también le decían hace un par de lustros, porque de todo se colaba a su interior- es que ya en 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional había hecho una evaluación y había realizado varias recomendaciones que todo parece indicar, no se cumplieron. O quizá se cumplieron en una época, pero con los cambios de administraciones ya no se sabe. 

Uno de los puntos claves es que a pesar de contar con arcos metálicos, estos eran apagados en la época en que estaba Quirino Ordaz Coppel en el Gobierno del Estado y se concurría otra guerra en el crimen organizado, en aquella ocasión entre Los Chapitos y el clan de Los Dámaso.

La fuga de cinco reos de alta peligrosidad, del primer círculo del Cártel de Sinaloa, llevó también a darse cuenta del déficit de guardias de seguridad, y de la corrupción que permea en todos los rincones del centro penitenciario de donde han sacado, en los últimos meses, días, fusiles poderosos, pistolas, celulares de todo tipo y hasta equipo de internet satelital Starlink.

Lo más curioso es que a nadie responsabilizan por el ingreso de estas armas, usadas luego para la batalla entre reos por la guerra que se vive. Hasta el momento las autoridades no han dado cuenta del modus operandis del ingreso de los arsenales, menos de la droga que corre al por mayor -según se ha visto en recientes decomisos-, y que sólo cuando ocurre una situación que expone el descontrol del penal, entonces sí, hacen algo.

El agandalle de los bienes públicos

El Gran Acuario Mar de Cortés es un inmueble que para su construcción requirió una fuerte cantidad de recurso público, de varias partidas, y que bajo el patrocinio de Asociación Público-Privada se benefició a un particular que, por azares del destino, pero más por el parentesco familiar, es primo del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Los negocios suelen ser jugosos cuando el antecedente familiar sirve como la pantalla perfecta para consolidar un negocio redondo, saltándose toda la legislación que prohíbe el agandalle institucional-empresarial que beneficie a alguien de manera tramposa.

El adeudo de más de 46 millones de pesos que mantiene la empresa que opera al Gran Acuario Mar de Cortés, por la renta de varios espacios del antiguo Acuario Mazatlán, es un caso que se había mantenido en lo privado hasta hace un mes, hasta que se hizo público, y desencadenó la condena ciudadana, porque los precios para ingresar al recinto no son nada fáciles de costear, y generan grandes ingresos al Nuevo Acuario, quien alega que se les cayó este ingreso por al disminución de turismo.

Sin embargo, el contrato de arrendamiento es muy claro: 2.3 millones de pesos mensuales por la renta de esos espacios, más un 5 por ciento de penalización por impago.

Eso está clarísimo, lo que no está claro es por qué las autoridades municipales no han ejercido más presión para que ese adeudo se liquide a la brevedad.

Se supone que se trata de un negocio privado, con suficiente solvencia, pero que ha alargado esa falta de pago por 19 meses. Parece que la gente del Acuario quiere aplicar la del “Tío Richie”. ¿Pagarán en abonos chiquitos?