Desde luego que es preocupante que una institución nombre de salvamento, que no es parte de Gobierno además, ni de ninguna otra autoridad, como lo es Cruz Roja y su voluntariado, estén sometidos a la amenaza cuando salen a un servicio.

Los incidentes en contra del personal, donde personas armadas alcanzan a las ambulancias, ya sea para rematar a un  herido o para alguna otra situación, mantiene bajo estrés a los paramédicos.

Ellos no son parte de ninguna guerra, se dedican a salvar vidas, y en la reciente campaña que ha lanzado la tambien llamada Benemérita, llaman a la razón a las personas que de alguna manera han violado la tranquilidad de las personas que trabajan en la institución.

Otro papel fundamental, claro está, son el que juegan las fuerzas policiacas y las armadas para dar protección a las ambulancias en situaciones de riesgo, como lo son habitualmente el traslado de heridos.

Obra pública, ¿en riesgo?

Error de cálculo o planeación, quizá por andar a las carreras o justificar el presupuesto, pero la Comuna marismeña parece estar metida en un embrollo.

Incluso, el Gobierno de Mazatlán corre el riesgo de que se le demande.

El derecho es claro: ante una falta, la ley define.

Las áreas a cargo deberían estar bien documentadas de dónde de sí y dónde no.

No es cosa menor, si volteamos a ver al pasado y cuántas demandas ha perdido por diversos casos.

Solo recordemos cómo le fue por el caso Nafta Lubricantes, que el gobierno de Alejandro Higuera Osuna otorgó el permiso para construir una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos, proyecto que logró ser frenado por un ciudadano de la zona.

Pero el caso siguió con Felton, quien perdió la demanda y la dejó como herencia a Pucheta y “El Químico”, administración que terminó pagando más de 208 millones de pesos como reparación del daño.