¿Así, o más afectados de nuestras facultades cognitivas y volitivas?
He leído y escuchado ya reiteradamente decir a varios pensadores que los mexicanos vivimos en una constante estado de esquizofrenia existencial debido, principalmente, a ciertos mitos derivados de la “conquista” española, relato que ha incentivado el odio permanente hacia una parte de nuestros orígenes y, por tanto, un odio hacia nosotros mismos. Este es un gran problema pendiente.
Otro de los aspectos meramente nacionales son las disonancias cognitivas que a diario expresamos a los cuatro vientos como si de una circunstancia normal se tratara. La disonancia cognitiva es un concepto psicológico que se refiere a la incomodidad, tensión o ansiedad que experimenta una persona cuando tiene dos ideas, creencias o valores contradictorios al mismo tiempo, o cuando su comportamiento no coincide con sus creencias.
A colación porque en días pasados nuestros ínclitos legisladores federales aprobaron unas reformas legales (constitucionales ya existían por voluntad única del Tlatoani en turno) para criminalizar los llamados vapeadores, como si un delito de lesa majestad se tratara, es decir, como la más grave de las canalladas que pudiera cometer un ciudadano de por estos lares (prisión de uno a ocho años).
Particularmente no percibo que alguien de verdad crea que estos artefactos merezcan tal tratamiento punitivo, más allá de la inutilidad práctica de su criminalización, pues en todos lados se ven, y se seguirán viendo, personas que los utilizan como si de el néctar de la vida misma se tratara.
Aparte también queda la crítica de política legislativa, pues es de una esquizofrenia y disonancia manifiesta el haber criminalizado los vapeadores como si de instrumentos del demonio se trataran, muy por encima, por ejemplo, de la penalización de otras conductas criminales que resultan más dañinas a la sociedad.
A nivel de delitos federales, las conductas relacionadas con los vapeadores están más sanciondas que los delitos de Portación de arma de fuego sin licencia (2 a 7 años), Usurpación de funciones públicas (1 a 6 años), Falsedad en declaraciones ante autoridad distinta a la judicial (4 a 8 años), Hostigamiento sexual (hasta 2 años, o hasta 4 años si el agresor es servidor público), Discriminación (1 a 3 años), Encubrimiento (3 meses a 3 años), Ataques a las vías de comunicación (bloqueo de carreteras, 3 meses a 7 años), Violación de correspondencia (3 días a 1 año), Revelación de secretos de carácter industrial o administrativo (1 a 5 años), Ejercicio ilícito de servicio público (1 a 7 años), Defraudación fiscal (cuando el monto de lo defraudado no excede $2,236,480.00 MXN, la pena es de 3 meses a 2 años), Robo simple (cuando el valor de lo robado no excede 100 veces el salario, hasta 2 años), Allanamiento de morada cometido por funcionario público (1 mes a 5 años) y Abuso de confianza (por montos medios/bajos, de 1 a 6 años).
En Zacatecotas vapear (es un decir, generalizando), resultará más grave que cometer los siguientes delitos: Allanamiento de morada (1 a 3 años), Amenazas (3 días a 3 años; hasta 5 años si hay agravantes), Hostigamiento sexual (1 a 3 años), Estupro (relación sexual con menor de 18 y mayor de 15 mediante seducción/engaño: 2 a 6 años), Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (no pagar pensión alimenticia: 2 a 5 años), Abandono de familiares (1 a 4 años), Bigamia (1 a 5 años), Peligro de contagio (sabiendo que se tiene una enfermedad grave, poner en peligro a otro: 6 meses a 3 años), Falsedad en declaraciones ante autoridad (2 a 6 años), Robo simple (cuando el valor de lo robado es bajo o medio, las penas oscilan entre 6 meses y 4 años), Abuso de confianza (por montos menores o medios: de 3 meses a 6 años), Fraude genérico (por montos menores o medios: de 3 meses a 6 años), Despojo de inmuebles (modalidad básica sin violencia agravada: 1 a 5 años), Daño en las cosas (dependiendo del valor, generalmente hasta 5 años), y Usurpación de funciones públicas (1 a 5 años).
