Nuestra presidenta de la República anunció la semana pasada que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para reducir y poner un tope monetario a las pensiones estratosféricas que reciben varios exfuncionarios de empresas públicas, entre las que se incluyen la extinta Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Bancomext, Banobras y Nafin, entre otras, al parecer.

La medida obedece a lo que ya era del conocimiento popular desde hace mucho tiempo, pero que todo mundo hacía oídos sordos al respecto: el sistema pensionario de estas instituciones públicas era (¿seguirá?) utilizado por algunos burócratas vivales, los cuales, seguramente, torciendo y retorciendo las disposiciones de seguridad social y pensiones, obtenían para sí y para sus camarillas jugosísimas jubilaciones que, ahora se ha hecho público, podían rondar hasta el equivalente a un millón de pesos mensuales contantes y sonantes, en los casos más escandalosos, pero hay centenares o miles de ejemplos que los ingresos particulares de estas sanguijuelas del presupuesto rondan las centenas de miles de pesos al mes, más prestaciones adicionales (aguinaldos, primas, y hasta vacaciones, etcétera, etcétera).

El problema que subyace en el fondo de las alcantarillas de este entuerto no es en sí el monto de la pensión que se recibe, sino que, seguramente, el estipendio a que se hicieron acreedores no está fondeado. Me explico: Pongamos el ejemplo de los sujetos que reciben alrededor de un millón de pesos mensuales de la prestación que estamos analizando. Para que un sistema jubilatorio pudiese pagar este monto, se requeriría, desde el punto de vista financiero y actuarial, que la persona beneficiaria hubiese aportado al organismo pensionario, durante un lapso de muchísimos años, la cantidad suficiente que le permitiera, una vez retirado, que se le hiciera ese elevadísimo pago. Estoy cierto, y a las pruebas me remito, de que ello no sucedió, y que, seguramente, estos sujetos utilizaron sus altas posiciones jerárquicas como funcionarios de esas empresas estatales para autobeneficiarse con algún acuerdo administrativo a modo emitido por sí mismos y para sí mismos, o por algún cómplice de su mismo conventículo.

Es obvio y evidente que estas truculentas mañas de la administración gubernamental han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales para sangrar al Estado en beneficio personalísimo o de allegados, utilizando la autolegisla­ción pensionaria para enriquecerse a costa del erario.

De hecho, varios sistemas de pensiones (federales y estatales) están colapsados debido a estas desviaciones normativas con apariencia de legalidad sindical o laboral, y no ha sido poco frecuente, según se cuenta en los corredores de muchas dependencias gubernamentales a lo largo y ancho del país, que los beneficios jubilatorios exorbitantes, como los que se han dado cuenta, son resultado del apapacho del presidente o gobernador en turno a sus leales seguidores, el retiro forzado (pero premiado) de algunos adversarios políticos y hasta de amoríos, sean cóncavos o convexos, pero seguramente bien correspondidos.

¿Le suena por estos andurriales desérticos?