El precio del teatro
Síguenos en:
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
Zacatecas, 25 de marzo de 2026
El gobierno anunció 27 pesos por kilo de frijol. La presidenta lo dijo en mañanera, el gobernador lo repitió en feria agropecuaria, los comunicados oficiales lo celebraron como justicia para el campo zacatecano. El problema es que ese precio aplica solo para una parte de la cosecha. El resto —la mayoría— sigue negociándose con el coyote, que paga entre 6 y 8 pesos.
Zacatecas produce entre 400 y 450 mil toneladas de frijol al año. El programa de acopio del gobierno federal, con la ampliación presupuestal anunciada esta semana tras cuatro días de bloqueos, llegará a cubrir alrededor de 96 mil toneladas. Es decir, poco más del 20% de la producción. El restante 80% no tiene precio de garantía. Tiene coyote.
Eso no es un error de operación. Es una decisión presupuestal que se toma cada año y se repite sin corrección estructural. En algún momento del ciclo anterior, Segalmex llegó a argumentar que su objetivo era acopiar apenas 26 mil toneladas —lo necesario para abastecer su red de tiendas—, menos del 10% de lo que Zacatecas cosecha. El resto del mercado, implícitamente, es territorio del intermediario. El programa no fue diseñado para resolver el problema de comercialización del productor zacatecano. Fue diseñado para tener algo que anunciar.
La burocracia hace el resto. Requisitos documentales, controles de calidad discrecionales, centros de acopio que abren tarde, bodegas que siguen ocupadas con el grano del ciclo anterior. El pequeño productor, endeudado desde la siembra, sin capital para esperar y lejos de los centros habilitados, termina donde siempre: entregando su cosecha al intermediario que llega al surco con báscula, camión y efectivo. El coyote no desplazó al programa. El programa le dejó el mercado.
La paradoja es estructural. Zacatecas produce el frijol que come el país, pero no controla su precio, no procesa el grano, no captura el valor agregado de la cadena. El productor vende a 6 pesos; el consumidor compra a 35 o 40. Entre esos dos números hay bodegueros, empacadores, distribuidores y acaparadores que llevan décadas operando con la comodidad de quien sabe que ningún gobierno —ni este ni los anteriores— va a desmantelar el arreglo. Porque ese arreglo también tiene nombres, financiamientos y lealtades políticas que trascienden los colores partidistas.
Los bloqueos de esta semana no son una protesta nueva. Son el síntoma recurrente de un modelo que el Estado diseña incompleto, opera con retraso y repara con ampliaciones presupuestales de emergencia que duran hasta que se calma la calle. Después, el siguiente ciclo comienza igual.
