Son esos 10.1 billones de pesos a los que debe darse destino; para ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que ahora los Diputados deberán discutir y aprobar.
Una vez aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2026, corresponde a la Cámara de Diputados en uso de su facultad exclusiva prevista en la fracción IV del artículo 74 Constitucional, discutir y aprobar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
El total de ingresos de que se dispone, virtud a la reciente aprobación de la ley respectiva, asciende a 10. 1 billones de pesos, de los cuales el 57% son impuestos, el 16% provienen de la venta de bienes (petróleo y energía eléctrica), el 14% es deuda, y el resto corresponde a las aportaciones de seguridad social y derechos por la prestación de servicios públicos.
El margen de discusión es sumamente estrecho, más allá de que técnicamente están comprometidos 75 centavos de cada peso, y que podría suponerse que hay espacio para maniobrar con los 25 centavos restantes, lo cierto es que dicho espacio es infinitamente menor, porque es inevitable no pagar los salarios de la burocracia, o los servicios de combustible, energía eléctrica, telefonía, o no asignar recursos a los órganos autónomos. Algunos diputados han expresado que analizan la posibilidad de reasignar alrededor de 17 mil millones de pesos, es decir apenas el 0.17 por ciento. Cosa de nada.
Son varias las partidas que merecen análisis particular: los programas sociales, el costo financiero de la deuda, las transferencias a estados y municipios, los proyectos de inversión y las pensiones, las que sumadas comprometen el 75 por ciento del gasto total, dejando el resto para todo lo demás, como la educación, la salud, la vivienda, el suministro de agua, la generación de energía, la seguridad pública y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, por razones de espacio, centraré mi atención en el análisis de una de ellas: las pensiones.
Muchos países del mundo enfrentan una creciente presión derivada de los sistemas pensionarios, presión que se agrava, en el caso de México, por el compromiso de otorgar las denominadas pensiones no contributivas. Efectivamente, una clasificación necesaria para valoraras, es aquella que reconoce la existencia de pensiones contributivas y otras que no lo son. Las primeras provienen de sistemas tripartitos de financiamiento, en las que el propio trabajador, el patrón y el gobierno aportan para constituir un fondo para pagarlas. Las segundas, son aquellas en las que el derecho a recibirlas, contemplado ya como obligación constitucional, no demandan ni una previa aportación, ni el cumplimiento de requisito alguno, ejemplo de estas últimas es la pensión universal para los adultos mayores. La suma de ambas para 2026 asciende a 2.2 billones de pesos, correspondiendo 1.7 a las contributivas y 0.5 a las no contributivas.
Ya de por si la cantidad presiona, puesto que consume casi el 22 por ciento del total disponible, pero quizá lo más delicado, es la forma como crece ese compromiso año con año, sobre todo el segundo que apareció apenas en 2018, cuando el primero data de 1973. Es decir, mientras que las pensiones contributivas alcanzan una obligación de pago en el 2026, de 1.7 billones de pesos con sus 53 años de existencia, las no contributivas exigen 0.5 billones de pesos en apenas 8 años. Como se observa, una crece a un ritmo mucho mayor que la otra, ello se explica principalmente por dos razones: el carácter universal y la fuente de financiamiento. Mientras que las contributivas exigen el cumplimiento de requisitos explícitos como la antigüedad laboral, las otras no. Asimismo, mientras que las primeras tienen un financiamiento tripartito, las segundas se pagan completas con ingresos públicos.
No critico la existencia de un programa social tan bondadoso que entrega recursos a los adultos mayores, mi preocupación es que, en pocos años, las pensiones no contributivas demandarán más recursos que las que sí lo son, y no habrá dinero suficiente para pagarlas. ¿Qué hará México cuando esa realidad nos alcance?
