Se sabía. Se tenía claro desde siempre en el panorama: La reforma electoral no alcanza la mayoría y necesitaban al PVEM y al PT para pasarla. Nos dicen que desde siempre se tuvo muy en cuenta que no se contaba con el apoyo de la oposición y nos confían que, aun cuando los temas de las coaliciones para el 2027, parecen sólidas, no hay mucha molestia desde Palacio Nacional en el tema.

Lo cierto es que algunos eternos plurinominales del partido Morena tampoco hicieron mucho por la reforma, que prácticamente nació muerta. Ahora hay que esperar el llamado Plan B que fue mencionado por la presidenta en sus giras tras la entrega de la reforma al Congreso de la Unión.

Lo único rescatable de todo esto, según nos mencionan en los pasillos de San Lázaro, es que Pablo Gómez demostró que nunca pudo crear consensos que la presidenta pudiera aceptar, así que se va al baúl del olvido político por este revés. A seguir descansando.

¿Qué se sabe de la operación “Boots on the Ground” que implicaría oficialmente la entrada de elementos de Estados Unidos a territorio mexicano para secuestrar y llevar a su país a miembros del crimen organizado y hasta funcionarios de gobierno?

Los voceros en México se han negado a informar del hecho, del otro lado de la frontera los trascendidos están corriendo por todos lados, hasta ayer donde más información hay al respecto es en Baja California -específicamente en Tijuana- y Tamaulipas donde las cosas se han comenzado a compilar fuertemente para la Secretaría de Marina, pero no para la actual administración sino para la anterior. Hay personajes que se mencionan fuerte, e insistentemente, como el gobernador de Sinaloa.

La frase, tomada del lenguaje de Karl Marx, terminó revelando una contradicción: con un patrimonio inmobiliario que supera los 22 millones de pesos entre casa y departamento resulta difícil sostener la narrativa de pertenecer a la clase obrera que históricamente reivindica el Partido del Trabajo.

La polémica abre una pregunta inevitable: si se revisa con lupa el patrimonio de figuras del PT como Gerardo Fernández Noroña, así como de legisladores aliados del PVEM y de Morena, entre ellos Adán Augusto López Hernández, quizá el verdadero debate no sea quién critica, sino quién puede seguir hablando de “compañeros de clase”.

Los trabajadores de plataforma sencillamente no ven la suya. Mientras en otros países el trabajo de taxi en plataforma, es para hacerse llegar un recurso extra, en México lo hicieron ley, pero con sus asegunes ya que honestamente son muy pocos los que reciben alguna mejora.

Nos dicen, que la bomba de tiempo que hay en torno a que los extranjeros que visitarán nuestro país por el Mundial de fútbol no puedan decidir qué servicio tomar, y los amagues y amenazas que hay por choferes de taxis de aeropuerto, hacen que haya nubarrones de tormenta. Nadie quiere confrontación, pero nos dicen que las empresas en el AICM, han dicho que no quieren servicios de aplicación ¡Y que lo hagan como quieran!

Es una ironía: la SHCP que diseñó el Acuerdo Marco para transparentar y agilizar las compras federales, enfrenta cuestionamientos por la adjudicación del servicio de limpieza para 2026. Los hilos apuntan a una simulación operada por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jorge Trejo, que beneficiaría a la firma Slycom, que, según fuentes del sector, es una pieza del llamado “Cártel de la Limpieza”.

A pesar de que el acta de apertura muestra cuatro ofertas, aseguran que la orden interna fue evitar la subasta de descuentos, impidiendo un ahorro real para la institución. Trejo incluso habría ignorado el oficio 421/UCACP/2026/0079, que incluía a Hacienda en el programa presidencial para que cooperativas de trabajadores operaran el servicio.

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