La elección por voto directo de personas juzgadoras en nuestro país está generando un gran movimiento administrativo y político que merece un análisis; el  proceso, que involucra a los Comités de Evaluación de los tres poderes, está estructurado para asegurar que los candidatos cumplan con los requisitos legales y que sus perfiles sean idóneos para las posiciones a las que aspiran.

El plazo establecido para que los Comités califiquen la idoneidad de los candidatos es el 31 de enero de 2025, lo que significa que el proceso está en su fase crítica. Una vez que se evalúen los perfiles, los listados se remitirán a cada poder para expresar su conformidad antes del 4 de febrero de 2025. Esta validación es vital para garantizar que el proceso sea transparente y que los mejores candidatos sean seleccionados.

En Querétaro, el debate sobre la elección local se está tornando intenso; diputados de Morena han impulsado que la elección local se realice este mismo año, una idea que ha aterrizado la consejera Carla Humphrey por parte del INE, que considera la propuesta prácticamente inviable. Esta discusión refleja las tensiones políticas y la falta de consenso entre los legisladores queretanos sobre qué comisión debería discutir y, en su caso, aprobar el dictamen.

El actual proceso de elección es una oportunidad para demostrar el compromiso con la justicia y la transparencia; importante es que todos los actores involucrados trabajen de manera conjunta para superar las diferencias y asegurar que el resultado sea en beneficio del país y de sus ciudadanos porque la reforma judicial ya es una realidad y esa es la que nos debe de ocupar.