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DE REBOTE
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Querétaro, 14 de marzo de 2026
DE REBOTE
Malas noticias para los presuntos héroes de animales, acaba de dictarse un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la prohibición absoluta de la tauromaquia y las peleas de gallos en Tepic, Nayarit y deja una lección clara para el país: los municipios no pueden imponer vetos generales a actividades legales cuando rebasan sus facultades y contradicen leyes estatales o derechos constitucionales como la libertad de trabajo. El argumento del bienestar animal, por sí solo, no es suficiente para cancelar actividades que cuentan con un marco legal vigente.
La Corte es consistente y es que en 2022 había establecido que los estados tampoco pueden declarar la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, porque esa es una atribución federal. Es decir, no se puede blindar por decreto local, pero tampoco se puede prohibir por competencia municipal. El equilibrio jurídico está claro: mientras no exista una prohibición legal de fondo, estas actividades pueden realizarse.
Este precedente abre una ruta que Querétaro debería analizar con seriedad. Las corridas de toros no son un espectáculo aislado, son una actividad económica que genera empleos directos e indirectos: ganaderos, toreros, subalternos, veterinarios, transportistas, comerciantes, personal de plazas, restaurantes, hoteles y servicios vinculados. Negar esta realidad es tener muy poca solidaridad con la gente que lleva el alimento a su casa y es una necedad.
Los grupos antitaurinos suelen centrar su discurso en consignas morales y modas importadas, pero nunca presentan una alternativa real para quienes viven de esta actividad. No ofrecen empleos sustitutos, no garantizan ingresos, no aseguran el sustento de las familias que dependen de una corrida. Es fácil exigir prohibiciones cuando no se asume el costo social de esas decisiones.
En Querétaro, donde la actividad taurina tiene arraigo y una cadena económica clara, el debate no puede darse desde la ocurrencia ni desde la presión de grupos minoritarios con mediana visibilidad en redes sociales; debe darse desde la legalidad, el impacto económico y el respeto a quienes trabajan en esta industria.
Blindar las corridas no significa imponerlas ni obligar a nadie a asistir. Significa reconocer que existen, que son legales y que generan empleo. El precedente de Tepic demuestra que las prohibiciones no resisten el análisis constitucional. Querétaro tiene la oportunidad de actuar con inteligencia jurídica y responsabilidad económica.
Edgar Arteaga, deja la coordinación de comunicación social del municipio de San Juan del Río y se integra como segundo al mando con Juan del Villar, en el gobierno del Estado; el experimentado comunicador llega a reforzar el buen trabajo de Juan del Villar en la comunicación del gobernador Mauricio Kuri.
