La guerra del agua
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Chihuahua, 9 de marzo de 2026
Lo veíamos en las películas y creíamos que nunca sería real, pero la verdadera lucha por el agua está comenzando. No me refiero únicamente al capítulo que vivimos hoy, con la inminente aprobación de la reforma a la Ley General de Aguas. Hablo del contexto mundial, donde el recurso natural más importante para la vida se volvió escaso y, por lo mismo, extremadamente valioso.
Antes de entrar al detalle, vale la pena tomar perspectiva. El agua es el elemento central de conflictos en todo el planeta. Hace apenas cinco años, Chihuahua vivió uno de los episodios más tensos en su historia reciente: el conflicto en Delicias por la extracción de agua de la presa en plena sequía. El cumplimiento del tratado internacional con Estados Unidos —un acuerdo en el que, en términos generales, México sale beneficiado— se volvió casi imposible de cumplir por la sequia.
Hoy, la reforma que se discute ha encendido alertas legítimas entre propietarios de tierras agrícolas. El objetivo de la iniciativa es bueno: ordenar un sistema que se descompuso durante décadas. Pero también puede poner en riesgo la operación, la certidumbre y el patrimonio de agricultores y ganaderos que sí trabajan la tierra y dependen del agua para sobrevivir.
El fondo del problema es claro. Durante años se otorgaron concesiones y permisos de extracción “a diestra y siniestra”, incluso a personas sin pozos ni predios. Había quienes acumulaban títulos únicamente para venderlos después a precios estratosféricos. Se “sobreexplotaron” acuíferos en el papel, no en la realidad. Esa corrupción dejó al país en un callejón muy complicado y hoy obliga a tomar medidas extremas para recuperar el control del recurso.
La discusión actual gira en torno a un punto delicado: la reforma establece que cuando un predio se venda o se herede, la concesión regresará al Estado, y este deberá otorgarla de manera expedita al nuevo propietario. El problema no es el concepto, sino el riesgo real de que el Estado no cumpla con lo estipulado. La desconfianza es comprensible: quienes trabajan la tierra no pueden operar sin certidumbre. Por eso es indispensable que el gobierno federal escuche, ajuste la redacción y garantice mecanismos claros. Sin modificar el objetivo de la actual propuesta.
Era evidente que algo tenía que cambiar. La corrupción en torno al agua alcanzó niveles insostenibles y, si México quiere hablar de sustentabilidad y de autosuficiencia alimentaria, necesita más agricultores… y esos agricultores necesitan agua. Hoy, en muchas regiones, comprar una concesión es más caro que adquirir el terreno, perforar el pozo o comprar la maquinaria.
Como en cualquier discusión pública, es importante escuchar ambos lados. Siempre habrá afectados y beneficiados por una decisión de esta magnitud. Pero en este caso, el fin es correcto; lo que debe cuidarse —como casi siempre en México— es la forma. Solo así podremos evitar una guerra por el agua que ya comenzó y que, si no actuamos con inteligencia, será cada vez más difícil de contener.
