Lucía debería tener un ingreso por cuidar. Ana, tiempo y descanso. Daniela, el derecho pleno a alimentar y cuidar a su bebé sin que eso implique perder su trabajo o su dignidad.
Un Sistema de Cuidados es materia urgente. Es una apuesta por el presente y el futuro. Porque sin cuidados no hay salud, no hay infancia, no hay comunidad. Y porque quienes cuidan también merecen ser cuidadas.
Hablar de cuidados es hablar de desigualdad. De cómo el tiempo y el futuro de millones de mujeres se ponen al servicio de otros, sin garantías, sin reconocimiento y, casi siempre, sin descanso. Es hablar de una deuda histórica que ha sido normalizada durante generaciones: la de dejar solas a las que sostienen la vida.
En cada casa, en cada comunidad, hay una mujer que cuida. No siempre la vemos. A veces ni siquiera se nombra a sí misma como cuidadora, porque se le ha enseñado que es “su deber”, que “es lo natural”, que “así ha sido siempre”. Pero esa mujer existe, y su vida transcurre entre tareas invisibles, jornadas infinitas y renuncias personales que no figuran en ninguna política pública.
Lucía, por ejemplo, cuida a su hijo con discapacidad desde hace siete años. Dejó su empleo cuando recibió el diagnóstico. Desde entonces, no tiene ingresos propios, ni acceso a seguridad social, ni tiempo para sí misma. Su día comienza antes del amanecer y muchas veces termina sin dormir. Traslada sola a su hijo a las terapias, a las consultas, a los estudios. Come rápido, vive con estrés, y se le ha olvidado lo que significa descansar. Cuando le preguntan por qué lo hace, responde con una frase dolorosa: “porque no hay nadie más”.
Unas cuadras más allá, Ana, de 68 años, cría a sus tres nietos. Su hija trabaja doble turno como cajera. Ana ya no tiene la fuerza de antes, pero aun así les cocina, los cuida cuando se enferman, les ayuda con la tarea. Vive de una pensión mínima que no le alcanza ni para sus medicinas. No puede permitirse enfermarse ni detenerse. Su cuerpo le duele, pero no lo dice. Se lo guarda, como tantas otras cosas.
Y está también Daniela, una madre primeriza que acaba de regresar a trabajar después de su licencia de maternidad. Su bebé tiene apenas dos meses. La OMS recomienda lactancia exclusiva durante los primeros seis, pero su jornada laboral no tiene pausas suficientes, ni un espacio digno para amamantar o extraerse leche. Su jefe le pidió “discreción”, y sus compañeras la miran como si pedir ese tiempo fuera un capricho. Daniela llora en el baño porque su cuerpo le duele, porque se le corta la leche del estrés, porque su bebé la necesita y ella no puede estar. Porque ni siquiera el derecho a alimentar a su hijo está garantizado.
Estas historias no son excepcionales. Son comunes. Son estructurales. Y aunque cambian los nombres y los rostros, hay un hilo que las une: el abandono institucional. Durante décadas, el cuidado ha sido una carga impuesta a las mujeres, como si fuera una obligación natural, como si la sociedad entera pudiera seguir funcionando sin asumir responsabilidades.
Por eso, desde el Congreso del Estado de Chihuahua, ya dimos el primer paso: presentamos una iniciativa para reconocer el derecho al cuidado en la Constitución local. Un derecho que, al estar elevado a rango constitucional, obliga al Estado a diseñar políticas públicas, asignar presupuestos y construir un Sistema de Cuidados digno, corresponsable y accesible para todas las personas.
Pero el cambio no será automático. Reconocer el derecho al cuidado es apenas el inicio. Se requiere voluntad política, visión de largo plazo y justicia presupuestal para que este derecho se traduzca en servicios reales: centros de día, estancias infantiles, apoyos económicos, esquemas de empleo flexible y acceso a seguridad social para quienes cuidan.
