1. Inequidad estructural
2. Opacidad y desconfianza institucional
3. Ineficacia técnica
La lucha ambiental no puede divorciarse de la justicia social. Por eso, me sumo a las voces que con claridad y convicción han sentenciado: ¡Afinación sí, verificación no!
Regidora de Zapopan
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Desde 2020 —y de forma obligatoria desde 2021— el programa de Verificación Responsable ha sido presentado por el gobierno de Jalisco como la solución para combatir la mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras regiones del estado. Sin embargo, cinco años después, la evidencia es contundente: el programa no ha generado beneficios ambientales proporcionales ni visibles. En cambio, ha provocado malestar social y evidenciado profundas inequidades en su diseño e implementación. Por ello, su eliminación no solo es legítima, sino urgente y razonada.
El programa penaliza a quienes poseen vehículos antiguos, es decir, a sectores de ingresos medios y bajos que dependen del automóvil para trabajar y desplazarse ante un transporte público aún deficiente y saturado. Para ellos, la verificación se convierte en un impuesto regresivo disfrazado de política ambiental. Mientras tanto, quienes poseen vehículos nuevos o de alta gama —con frecuencia utilizados más intensivamente— obtienen hologramas limpios sin mayor esfuerzo, aunque su huella ambiental total pueda ser igual o mayor. Esta selectividad contradice los principios de justicia ambiental y convierte al medio ambiente en un pretexto impositivo que transfiere cargas económicas a los más vulnerables.
La privatización de los centros de verificación ha sembrado sospechas legítimas sobre intereses económicos detrás de esta política pública. Aunque la narrativa oficial insiste en que no es una medida recaudatoria, los retenes y sanciones por incumplimiento demuestran lo contrario. Más que un programa ambiental, se ha convertido en una maquinaria de ingresos sistemáticos que requiere coerción para sostenerse, erosionando su legitimidad ante la ciudadanía.
Incluso la propia SEMADET reconoce que la principal fuente de contaminación atmosférica en la ZMG proviene del transporte público pesado, los camiones de carga y la industria. No obstante, el programa sigue centrado en el automóvil privado, una estrategia que ofrece mejoras ambientales marginales a costa de altos impactos sociales. Es un paliativo que posterga las decisiones estructurales necesarias: modernizar y ordenar el transporte público, planificar ciudades menos dependientes del automóvil y regular con firmeza a los grandes emisores.
No se trata de sustituir un mal por otro, sino de recuperar el derecho colectivo a respirar aire limpio —como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3, 7, 11, 13 y 15)— sin castigar a quienes ya enfrentan condiciones de marginación. El programa actual no protege el medio ambiente y sí castiga al ciudadano. Es momento de replantear la ruta con un enfoque integral, sostenible, social y equitativo, que promueva el mantenimiento vehicular sin coerción ni castigo.
