El mundo asiste a un inquietante resurgimiento de proyectos políticos que erosionan libertades bajo la promesa de “orden” o “seguridad”. Estados Unidos, con la reelección de Donald Trump, se ha convertido en el epicentro de esta ola. Su segundo mandato ha acelerado la implementación del Proyecto 2025, un plan conservador que busca reestructurar el aparato estatal para concentrar poder ejecutivo, perseguir opositores y anular derechos reproductivos y sociales bajo una agenda cristianista. Las órdenes ejecutivas firmadas en sus primeros días —como el uso de fuerzas militares contra protestas civiles o la instrumentalización del Departamento de Justicia— confirman un giro hacia el autoritarismo .
Por su parte, Europa no es inmune. En Alemania, las recientes manifestaciones masivas (con cientos de miles de personas en Berlín) reflejan el temor a la normalización de la extrema derecha. La decisión de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Friedrich Merz y el partido ultraderechista AfD () para aprobar políticas migratorias draconianas ha activado alarmas: “No se juega con los nazis”, coreaban quienes se manifestantaban. El fantasma de los años 30 resurge en un continente donde partidos como el Fidesz húngaro o la ultraderecha francesa avanzan con discursos que criminalizan la disidencia y exaltan la “pureza cultural” .
Mientras tanto, en América Latina, Nayib Bukele emerge como un modelo peligrosamente seductor. Su oferta de albergar en la megacárcel CECOT a migrantes y presos estadounidenses —bajo el eufemismo de “externalizar el sistema penitenciario”— no solo consolida su alianza con Trump, sino que normaliza un autoritarismo de mercado. El CECOT, denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional por torturas, hacinamiento y muertes bajo custodia, opera como un símbolo de la eficacia represiva: presos en celdas sin luz, alimentados con raciones mínimas y sometidos a trabajos forzados. Bukele no vende solo una prisión: vende la ilusión de que la mano dura es compatible con la democracia.
El hilo conductor es claro: líderes que desprecian contrapesos, estigmatizan minorías y convierten al Estado en un instrumento de venganza política. Líderes como Trump, Merz y Bukele comparten un manual: criminalizar la protesta social (desde el movimiento #BlackLivesMatter hasta los activistas climáticos), la cooptación de las instituciones (la ley, fuerzas armadas, medios) para silenciar críticas y la exportación de narrativas que justifican la represión como “protección”
La paradoja es letal: mientras la UE debate cómo contener el auge de la ultraderecha, Estados Unidos se transforma en un laboratorio autoritario. Y en nuestros territorios, figuras como Bukele convierten la violación sistemática de derechos humanos en una commodity geopolítica, ofreciendo sus cárceles como solución a crisis migratorias. ¿Resistirá la democracia? Sin una respuesta global que priorice derechos sobre comodidades represivas, el autoritarismo seguirá siendo la moneda más cotizada.