Acaba de salir hace unos días el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, el cual evalúa a 143 países y jurisdicciones alrededor del mundo, llamando poderosamente la atención el dato duro de que el Estado de Derecho ha ido a la baja por octavo año consecutivo, lo cual se anuncia incluso desde el subtítulo del informe: “La recesión del Estado de Derecho global se está acelerando”. Aunque en una próxima oportunidad habremos de referirnos con mayor detalle a los resultados de este importante ejercicio demoscópico, desde este momento vale la pena observar el grado de incidencia que tiene en los sistemas democráticos. Lo anterior es así porque hay una relación directamente proporcional entre Estado de Derecho y democracia, en donde uno depende de la otra en un nivel superlativo.

No por nada, Elías Díaz afirmó que el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia. En efecto, y al decir de este prestigioso profesor, la teoría y práctica de la democracia como doble participación y su correlación con los caracteres del Estado de Derecho se vincula a las mejores concepciones de la ética y de las ideas humanistas que echan raíces en la modernidad y en la razón ilustrada. Recordemos que, como sostiene el artículo tercero constitucional en México, la democracia no es sólo un entero sistema jurídico-político sino también un sistema de vida, en el cual, dicho sea de paso, debe haber una conexión marcada con los axiomas que promueve el Estado de Derecho.

Por virtud de lo anterior, los centros de estudios superiores en los que se analiza el Derecho y se forman a las siguientes generaciones de abogadas y abogados tenemos un papel absolutamente primordial en la construcción de un Estado de Derecho para la democracia. Las virtudes de esta fórmula lingüística tienen que ser enarbolados desde el aspecto formativo mismo de quienes en un futuro habrán de trabajar y operar con las leyes. Para ello, sin duda alguna, se requiere de un alto sentido de responsabilidad, pues los valores institucionales deben ser propicios para que el Estado de Derecho prolifere desde una perspectiva cultural. En este sentido, tanto hábitos, costumbres y herramientas actitudinales diversas como una filosofía amplia y una ética de trabajo objetiva deben insertarse en los horizontes de un Estado de Derecho que impulse la democracia.

Claro está que no cualquier modelo de democracia es compatible con un genuino Estado de Derecho, sino que requerimos una democracia de calidad, por ejemplo en los términos que la desarrolla Leonardo Morlino: una realización de la libertad y la igualdad a través de tres dimensiones: procedimientos (imperio de la ley, rendición de cuentas y ausencia de corrupción), contenidos (libertad, igualdad política, social y económica) y resultados (capacidad para responder a las necesidades ciudadanas y satisfacer las demandas de la población).

De los anteriores elementos pudiera pensarse que sólo el imperio de la ley corresponde de alguna u otra manera con las necesidades del Estado de Derecho, pero en realidad todo está perfectamente vinculado, ya que se busca contar con estándares óptimos para el cumplimiento efectivo de las leyes. Ello nos lleva a concluir que dicho cumplimiento normativo en condiciones de efectividad es una llave para la democracia, de lo cual debemos ocuparnos en su totalidad.