Cada 3 de diciembre, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, volvemos a preguntarnos qué tanto hemos avanzado como país en garantizar sus derechos. Y aunque solemos pensar en rampas, señalética o programas de apoyo, hay un aspecto que sigue siendo profundamente relegado; el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información pública en formatos que realmente les permitan ejercerla.

El acceso a la información es una herramienta para tomar decisiones, exigir condiciones de igualdad, conocer programas gubernamentales, solicitar apoyos o denunciar irregularidades. Es yn mecanismo para vivir con autonomía. Pero cuando la información pública no está diseñada para todas las personas (cuando un documento no es accesible para lectores de pantalla, cuando un portal no se puede navegar sin visión, cuando un video institucional carece de interpretación en lengua de señas) lo que se niega no es un dato: es un derecho.

México ha asumido compromisos internacionales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información en formatos accesibles y tecnologías adecuadas. Sin embargo, en la práctica, la accesibilidad sigue siendo opcional y no un principio rector en la comunicación institucional.

Hoy, en un país que transita por una etapa compleja en materia de transparencia y donde las instituciones que históricamente acompañaron este derecho ya no están presentes, la responsabilidad de garantizar accesibilidad y vigilancia ciudadana es aún mayor. No podemos permitir que las personas con discapacidad queden desprotegidas o, peor aún, invisibles en las políticas públicas de acceso a la información.

Es cierto: la tecnología ofrece herramientas valiosas. Lectores de pantalla, sistemas de voz, subtitulados automáticos, plataformas con navegación simplificada, inteligencia artificial para generar transcripciones o traducciones a lenguaje de señas. Pero la brecha no se cierra con tecnología sola; se cierra con voluntad de las instituciones. Con servidores públicos capacitados, con presupuestos asignados y con la convicción de que la transparencia debe ser universal o no es transparencia.

Por eso es urgente que las dependencias, en todos los niveles de gobierno, adopten estándares mínimos de accesibilidad informativa: documentos en versiones para lectura fácil, sitios web compatibles con tecnologías de asistencia, videos con interpretación en lengua de señas, campañas informativas diseñadas desde el principio con accesibilidad incorporada, no como un añadido al final. Y también es indispensable que la ciudadanía (particularmente organizaciones civiles y colectivos de personas con discapacidad) tenga espacios reales para participar en la evaluación de estas políticas.