A la Sombra / Layda Sansores
Síguenos en:
***
***
***
***
***
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026
***
***
***
***
***
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, arremetió contra su compañero y supuesto amigo Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Jucopo en la Cámara de Diputados, por opinar sobre la confrontación entre diputados locales y su gobierno. En su raro programa “Martes del jaguar” le pidió que “no se meta” y que mejor “cuide su chiquero”, al acusarlo de proteger al priista Alejandro Moreno Cárdenas y de haber agredido “sutilmente” en campaña a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El choque escaló después de que, el 4 de febrero, Monreal criticara públicamente la confrontación en Campeche por considerarla dañina para Movimiento Regeneración Nacional, en un contexto donde legisladores locales discutieron —y finalmente avalaron— un crédito por mil millones de pesos solicitado por la mandataria, que algunos atribuyeron a tensiones internas rumbo a 2027.
El cierre y la reapertura del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso dejaron versiones encontradas en Estados Unidos: la Administración Federal de Aviación suspendió temporalmente los vuelos “por razones especiales de seguridad” y delimitó un perímetro de 16 kilómetros alrededor del aeropuerto, pero después reanudó operaciones sin detallar el motivo.
Mientras The New York Times reportó que la medida estaría ligada a pruebas de nueva tecnología antidrones del Ejército en Fort Bliss —versión que coincidió con aerolíneas que hablaron de un problema de coordinación con el Ejército—, el secretario de Transporte Sean Duffy sostuvo en X que el cierre respondió a la incursión de un dron de un “cártel mexicano” ya neutralizado; en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo no tener información sobre el uso de drones en la frontera.
El senador priista Manuel Añorve Baños exigió que la Secretaría de Relaciones Exteriores fije una postura “inmediata” y establezca comunicación directa con autoridades de Estados Unidos, luego de que Washington advirtiera sobre drones presuntamente ligados al narcotráfico mexicano que habrían cruzado la frontera y derivado en una suspensión temporal de operaciones aéreas hacia El Paso.
Cuentan que se alistan movimientos en el gabinete de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La intención de los cambios sería hacer más eficientes los procesos administrativos y de gobierno, por lo que habrá que poner atención en lo que respecta a la Secretaría de Gobierno y a la de Finanzas. Entre las cartas fuertes de la morenista enliste a Rafael Flores Mendoza, actual titular de COPLADEM (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal), esto por su papel para generar consensos, coordinar acciones de gobierno y conectar a las diferentes áreas de la administración mexiquense.
“No conozco, no he tenido contacto ni mantengo relación alguna con el ciudadano Joaquín Leal Jiménez, ni con las personas, empresas o supuestos proyectos referidos en dicha publicación. Es falso que exista respaldo, apoyo, vínculo o relación de cualquier tipo entre esa persona y mis actividades privadas, públicas o políticas”, dice el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta a la sombra. “Asimismo, es falso que impulse, promueva o persiga una candidatura a la Gubernatura del Estado. No es tiempo electoral, no he manifestado, ni pública ni privadamente, intención alguna de competir por dicho cargo y no existe proyecto político alguno en ese sentido”.
Con la iniciativa Otoch para articular programas de acceso a la vivienda mediante labores de mantenimiento, infraestructura básica, convivencia condominal y regularización de inmuebles, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pretende atender más de 2 mil 500 unidades en la capital para el presente año, un reto que se enmarca en la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles impulsada como una respuesta directa al fenómeno de la gentrificación en la capital del país. Mediante la creación de una Defensoría Inquilina, el gobierno de Brugada Molina pretende disponer de 600 millones de pesos para realizar un mantenimiento integral en zonas en abandono antes del cierre de este año.
