Esa precisión importa, y conviene dejarla clara frente al señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha puesto al país en el escaparate internacional con una acusación mayor: la posibilidad de crímenes de lesa humanidad.

El problema no está sólo en el diagnóstico de la ONU —discutible en su alcance jurídico— sino en la respuesta del Estado mexicano: reactiva, defensiva y, sobre todo, políticamente torpe. Negar de entrada, descalificar el informe y refugiarse en la soberanía es una salida conocida y casi siempre insuficiente.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación con los colectivos de madres buscadoras se contaminó innecesariamente. La descalificación de que todo lo que hacían era “politiquería” no fue un desliz: fue una señal política. Colocó a las víctimas bajo sospecha, como si la exigencia de encontrar a sus hijos tuviera agenda oculta. El daño fue profundo. Y persiste.

Hoy, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, la distancia no sólo continúa: se ha institucionalizado. El no recibir a los colectivos en el arranque del sexenio no es un detalle menor; es un mensaje. Uno que confirma que el tema no está en el centro de las prioridades políticas, aunque sí lo esté en la tragedia nacional.

A eso se suma lo más grave: la inacción. No solo en la búsqueda efectiva de desaparecidos —que sigue descansando en buena medida en las propias familias—, sino en el combate a nuevas modalidades del fenómeno. La leva criminal, por ejemplo. Jóvenes que responden a ofertas de trabajo y terminan reclutados por grupos delictivos. Migrantes en tránsito que desaparecen sin dejar rastro. Trabajadores captados al azar en regiones donde el Estado simplemente no llega. Ese México sí existe. Y no necesita que lo declare la ONU para ser real.

Frente a ello, el recurso más socorrido del oficialismo ha sido mirar hacia atrás. La explicación recurrente: todo es culpa de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Algo de verdad hay en ese argumento. Pero ocho años después, empieza a sonar más a coartada que a diagnóstico. Porque gobernar también es hacerse cargo del presente.

No hay mayor prueba del fracaso gubernamental que el hecho que una madre como Ceci Flores haya encontrado los restos de uno de sus hijos por sus propios esfuerzos, sin ayuda de ninguna autoridad ni presupuesto oficial.