Hay debates que parecen técnicos, pero en realidad son profundamente políticos. El que hoy rodea al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México es uno de ellos.

En el papel, la capital discute su futuro a 20 años: cómo crecer, dónde construir, qué proteger, cómo resolver la crisis del agua, la vivienda y la movilidad. No es un documento más. Es, literalmente, el plano de la ciudad que viene.

La versión oficial morenista sostiene que el proceso es abierto y participativo. Foros en alcaldías, mesas de trabajo, plataformas digitales, miles de opiniones recibidas. La narrativa es clara: nunca antes se había consultado tanto.

Pero del otro lado, las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) dicen algo muy distinto: que la consulta no es consulta, sino simulación. Y los argumentos empiezan a acumularse.

Foros en sedes cuestionadas, convocatorias poco claras, votaciones a mano alzada sin certeza, discusiones que no siempre corresponden al documento en cuestión. Y un dato que resulta difícil de ignorar: el texto que se “consulta” ya está, en lo esencial, terminado.

Cuando eso ocurre, la consulta deja de ser diálogo y se convierte en trámite, como refiere la experta en temas de Planeación, Gabriela Salido.

No es un detalle menor. Es el corazón del problema.

Porque la planeación urbana nunca ha sido —ni puede ser— un ejercicio silencioso. No es un documento técnico que se afina en escritorio y después se presenta a la ciudadanía para su validación simbólica. Es, o debería ser, una conversación abierta sobre cómo se quiere vivir en la ciudad durante las próximas décadas.

Lo que está en juego no es sólo el contenido del plan, sino su origen.

El episodio reciente en Miguel Hidalgo ilustra bien la tensión.

El cambio de sede —del Cine Cosmos al Teatro Ángela Peralta, tras la presión vecinal— no es anecdótico. Es síntoma. Cuando los ciudadanos tienen que pelear incluso por las condiciones mínimas para ser escuchados, algo en el proceso está fallando.

Y, sin embargo, lo que ocurrió ahí también ofrece una lección.

No hubo gritos ni estridencia. Hubo argumentos. Vecinas y vecinos cuestionando el documento en forma y fondo, exigiendo algo elemental: que la participación sea respetada. No fue confrontación. Fue ciudadanía.

Eso desmonta otra narrativa conveniente: la de que la crítica es oposición política. No. Lo que hay es una exigencia básica de legitimidad.

Porque conviene dejar algo claro: nadie está en contra de que la ciudad tenga un plan. El problema no es la planeación. El problema es cuando la planeación se construye al margen de quienes viven la ciudad todos los días. Ahí es donde el proceso se rompe.

Porque un plan de desarrollo sin legitimidad no es un instrumento técnico: es un conflicto diferido. Y la ciudad ya ha visto antes cómo documentos de esta naturaleza terminan impugnados o incluso desechados por no cumplir con el proceso participativo que la ley exige.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién tiene derecho a definir la ciudad?

¿Una consulta abierta pero difusa, organizada desde el gobierno?
¿O una participación estructurada, con reglas claras y representación vecinal reconocida?

Ambas rutas tienen riesgos. Pero lo que hoy se percibe no es un equilibrio entre ellas, sino una simulación que intenta sustituir una conversación real.