por Celia Maya García
La oposición contra estos desvíos de poder surgió de las filas del Ejército entre los mismos jefes militares de la Trigarante.
A dos siglos de estos acontecimientos, debemos subrayar la función de la Constitución como factor de unidad, consensos y construcción de la gobernabilidad.
Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial
La idea del Imperio mexicano fue incorporada al imaginario social desde los discursos iniciales del movimiento Trigarante. Se trataba de una continuidad del régimen constitucional de finales de la Colonia adaptada a las circunstancias del país.
Así comenzó la vida del Estado mexicano. Tempranamente se evidenció el rasgo autocrático de Iturbide. Sus desavenencias con el Congreso Constituyente fueron álgidas. El proclamado emperador, legitimado al estilo mayestático de la era colonial, disolvió la Legislatura y creó una junta integrada con sus epígonos, la cual abrogó la Constitución española de 1812 que entonces guiaba los primeros pasos de la institucionalidad mexicana.
Aunque previamente hubo varios planteamientos que llamaban a defenestrar a Iturbide, el documento clave que marcó el inicio del declive del gobierno imperial fue el Plan de Jalapa del 1 de febrero de 1823. Las provincias fueron adhiriéndose paulatinamente a dicho documento. Iturbide abdicó a las pocas semanas.
Lo importante de este movimiento es la resignificación que fue moldeándose a partir de los planteamientos de las Diputaciones Provinciales, que en este caos de gobernanza asumieron el control de sus respectivas Provincias. Así, en Guadalajara, los diputados provinciales aprobaron una declaratoria el 23 de febrero, en la que se encuentra el germen de lo que sería el primer federalismo mexicano.
Se postulaba como principio político fundamental el respeto a la representación soberana de la nación, única legitimada para reorganizarla políticamente. Se demandaba la reinstalación del Congreso Constituyente que había sido destituido, para que se diera a la tarea de la definición de la forma de gobierno que adoptaría el país.
Con ello se rompió el esquema de la relación de mando, obediencia y acatamiento personal, que era la esencia de la autoridad regia durante la dominación española. Ahora, se sostenía que la única lealtad y obediencia se debían a la representación nacional, única instancia legítima para decidir sobre el régimen constitucional.
Había, además, un trasfondo en esta cuestión conceptual. Era la expresión de la idea de que la unión de las provincias, encabezadas por sus diputaciones, sería el elemento sustentador de un cambio institucional cuya base consistía en un doble circuito competencial: una soberanía dual, compartida entre un poder general y los poderes provinciales.
Otra cláusula era la de la libertad de los representantes de la ciudadanía, esto es, que la Constitución debía ser elaborada sin apego a ninguna atadura, pues la nación no estaba constreñida a lo dispuesto por Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, porque gozaba del derecho inmanente e irrenunciable a darse la forma de gobierno que más le acomodara para la gestión del bienestar general.
Las élites provinciales promovían estos procesos. Cabe destacar que, a escasos tres años del restablecimiento de la Carta gaditana, se hubiera recibido y asimilado su acervo ideológico para fundamentar en dicha Ley Fundamental las aspiraciones políticas de las provincias y sus dirigentes. Pronto se hablaría ya abiertamente de república.
