Poder constituyente originario y reformador I

En la teoría constitucional clásica, nuestra Carta Magna de 1917 fue concebida bajo el atributo de la rigidez. Este diseño, lejos de ser un capricho semántico, busca proteger el pacto fundamental mediante un procedimiento agravado de reforma —estipulado en el artículo 135— que exige el consenso calificado del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales. Sin embargo, la praxis política mexicana ha transformado esa “rigidez” teórica en una dinámica de cambio constante.

Cifras oficiales de la Cámara de Diputados revelan una realidad contundente: desde su promulgación hasta octubre de 2025, el texto constitucional ha acumulado 278 decretos de reforma. Lo que resulta particularmente notable para el análisis jurídico es la aceleración de este fenómeno en el pasado reciente. De ese histórico total, 44 reformas se han materializado a partir de diciembre de 2018, lo que evidencia una hiperactividad del Poder Constituyente Reformador dominado por el oficialismo.

Esta tendencia ha derivado en la modificación de 149 artículos constitucionales. Para bien o para mal, esta recurrente intervención del Órgano Revisor sugiere que el documento de Querétaro no es solo una norma fundante, sino un ente en perpetua transformación. Si bien la adaptabilidad es necesaria para la vigencia del Estado moderno, el volumen de cambios plantea un debate técnico imperativo: ¿en qué punto la actualización necesaria compromete la estabilidad y la unidad del sistema constitucional? La columna vertebral de nuestra democracia sigue firme, pero su fisonomía es, hoy más que nunca, una obra en construcción permanente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, es un documento que no solo reorganizó el poder público, también introdujo derechos sociales inéditos en el mundo. Entre los avances más destacados se encuentran:

Introdujo las bases para la reforma agraria, el ejído, la pequeña propiedad y la propiedad originaria de la tierra, la plataforma continental y toda clase de recursos naturales; para la reforma laboral incluyó la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la protección a los trabajadores, el principio “a trabajo igual, salario igual”. Reconoció el derecho de huelga así como la libre asociación sindical,

El concepto de las garantías individuales imperó casi 100 años. Ese diseño concebía al Estado como el “otorgante de derechos y libertades de los individuos”.

Es así que, en 1917, México inauguró una nueva era de justicia social y soberanía nacional, como un México moderno gracias al trabajo del Poder Constituyente Originario, órgano extraordinario que se asienta sobre la soberanía popular para dar origen a una nueva Constitución.

Por otro lado, la reforma constitucional de junio de 2011 marcó una ruptura epistemológica necesaria con el capítulo denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Así el sistema constitucional mexicano, finalmente (no otorgó) reconoció que la dignidad humana es la fuente de todo derecho humano (DH), y no una concesión del poder público. Esta facultad está reservada para el Poder Constituyente Reformador que es el Órgano Revisor de la Constitución”, es el mecanismo previsto en el Artículo 135 de nuestra Carta Magna para realizar cambios al texto original.

Esta y las otras 277 reformas constitucionales nos orillan a cuestionar si ese trabajo legislativo beneficia o no a la Nación. Sobre este tema abundaremos en la siguiente entrega. ¡Feliz año nuevo!

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